La instrucción del supuesto caso de torturas en la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife ha concluido y sólo se está a la espera de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde ya se encuentra el sumario, señale fecha y hora para el juicio.

Han pasado ya cuatro años desde que ocurrieran unos hechos que, “de ser probados”, según la Fiscalía, “son de evidente gravedad”. Cinco agentes de la Policía Nacional y un subinspector permanecen en libertad, acusados de delitos de tortura y lesiones, a la espera de sentarse en el banquillo. Los dos jóvenes presuntamente torturados, que son hermanos, también están imputados por el Ministerio Fiscal, que les acusa de un delito de lesiones y de atentado contra la autoridad.

El 28 de abril de 2010, los agentes fueron alertados de una pelea en un parque del barrio de Titerroy, en Arrecife. La riña se saldó con la detención de dos jóvenes que increparon y agredieron a los policías que se personaron en el lugar para controlar la situación. Ambos fueron trasladados a la Comisaría de la Policía Nacional. Fue precisamente allí donde los agentes se ensañaron propinándoles una golpiza que llegó a fracturarles varios huesos del cuerpo, según el informe forense.

Según la acusación, los agentes actuaron con la intención de “castigar” a los detenidos por los hechos acontecidos previamente en el parque y añade que, “faltando a su más elemental obligación de velar por la vida y la integridad de las personas detenidas y con absoluto desprecio hacia la integridad física de Nelson L.M., uno de los policías le agarró por el cuello, haciéndole retroceder y asestándole un golpe con la rodilla, haciendo que el detenido cayera al suelo”.

Aprovechando esa circunstancia, según narra el Ministerio Público, tanto el subinspector como los otros agentes le golpean en la cara, en la espalda y en las piernas. Los policías le golpeaban mientas Nelson no sólo se encontraba en el suelo, también estaba esposado y con las manos en la espalda. En absoluto estado de indefensión.

Las penas de prisión para los agentes que pide la Fiscalía suman 70 años de cárcel

Los golpes dejaron una huella profunda en Nelson: fractura de tibia, de la mano derecha y diferentes hematomas en varias zonas del cuerpo. Tardó casi un año, según consta en el escrito de acusación, en recuperarse.

La misma suerte corrió Yari L.M, a quienes los agentes golpearon con porras mientras este llevaba grilletes. Le daban puñetazos en la cara, espalda y abdomen. Como consecuencia de la brutal paliza, Yari tuvo desgarro en ambas retinas, perforación de tímpano y varias heridas de consideración que le mantuvieron hospitalizado 24 horas. Se tuvo que someter a varias intervenciones con láser por los desgarros en las retinas y como secuela ha perdido agudeza auditiva.

Los agentes alegan que utilizaron “la fuerza necesaria e indispensable” para reducirlos

En el escrito de defensa de uno de los policías  acusados se puede leer su “disconformidad radical” con la Fiscalía y la acusación particular. Se dice que los chicos “presentaban lesiones anteriores a la detención, algunas de ellas antiguas y otras consecuencia de la pelea previa ocurrida en el parque y durante la detención”. Se añade que “fueron llevados a dependencias policiales cumpliendo en todo momento con el protocolo y sin ánimo de causar ningún tipo de lesión a los detenidos, quienes además golpearon a los agentes”. Y se concluye que “ante la agresividad mostrada” por los dos jóvenes, “los agentes tuvieron que utilizar la fuerza necesaria e indispensable para poder reducir a ambos agresores” y “garantizar el orden público”.

La Fiscalía solicita para el subinspector y los cinco agentes condenas que suman 70 años de cárcel y, si lo estima la Audiencia Provincial, deberán indemnizar a las víctimas con casi 30.000 euros. De ser hallados culpables, serán inhabilitados del ejercicio de su profesión. La Unidad de Régimen Disciplinario de la Dirección General de la Policía pidió conocer en junio el estado procesal de la causa, sólo pendiente de juicio. En cuanto a los dos detenidos, víctimas de la supuesta agresión, la Fiscalía solicita para cada uno dos años de prisión –condena que se podría suspender si no tuvieran antecedentes penales en vigor- por atentar contra la autoridad y multa de más 700 euros.