La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para el administrador de la empresa Playa Blanca 6 SL, por un presunto delito contra la Hacienda Pública. La cantidad “defraudada”, según el escrito de acusación, asciende a 840.193 euros. Las multas e indemnizaciones exigidas por el Ministerio Fiscal ascienden a más de 7,8 millones de euros en total.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Tomás Fernández de Páiz, especializado en delitos económicos, señala que los administradores de la empresa “omitieron deliberadamente” realizar la declaración relativa al Impuesto de Sociedades del año 2010.

Esa declaración les “obligaba a consignar una cuota a pagar a la Hacienda Pública” de los citados 840.193 euros. En 2006 se habían acogido al beneficio fiscal de la dotación a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) por casi 2,3 millones de euros.

Sin embargo, no materializaron la inversión con cargo a la RIC “ni, consecuentemente, lo regularizaron a su indicado vencimiento”, se explica en el escrito de acusación de la Fiscalía, que considera que se cometió un delito contra la Hacienda Pública.

En el escrito de acusación figuran dos acusados, uno de ellos fallecido hace cuatro años. El otro acusado es el empresario Antonio Curbelo. La propia empresa también está acusada como persona jurídica.

El fiscal de delitos económicos solicita una condena de cuatro años de prisión para el empresario, así como una multa de 3,5 millones de euros, con la responsabilidad penal subsidiaria de 10 meses de prisión en caso de impago, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cinco años.

Para la empresa, la Fiscalía solicita una multa de 3,5 millones de euros, así como indemnizar a la Agencia Tributaria, de forma conjunta y solidaria con el acusado, con los 840.193 euros que se consideran defraudados.

El juicio está previsto que se celebre el 20 de febrero.

Pidió el cierre de los Centros Turísticos

El nombre de la empresa Playa Blanca 6 SL ha quedado guardado en la hemeroteca por haber sido una de las sociedades que, en marzo de 2009, solicitaron a los ayuntamientos de los municipios donde se ubicaban los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) que los cerrasen alegando que supuestamente carecían de licencias de apertura.

Aquella ofensiva legal por parte de la empresa ahora acusada por la Fiscalía se enmarcó en el conflicto por la paralización de obras o denuncia de licencias de construcción ilegales en zonas turísticas de Lanzarote.