El Juzgado de lo contencioso administrativo número cinco de Las Palmas se pronunció en enero de 2022 de forma clara en el procedimiento de ejecución de sentencia del Hotel Papagayo Arena. La titular de ese Juzgado decretó en un auto que las infracciones urbanísticas que cometió el hotel hacen imposible su legalización. El hotel invade un vial peatonal público de acceso al mar de cinco metros de ancho. No cumple con la Ley de Costas y se construyó con una licencia, ya anulada, que unía dos parcelas separadas, precisamente por ese vial.

Unos meses después de aquella decisión, la propiedad del Hotel Papagayo Arena presentó un recurso de apelación, que tiene que resolver la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero que, después de un año, aún no lo ha hecho a pesar de que las apelaciones se suelen resolver en un periodo mucho más breve.

El Juzgado destacaba que ya ha quedado “comprobado el incumplimiento” en la ejecución de la sentencia por parte del Ayuntamiento de Yaiza, que es la institución pública que concedió las licencias y también es la demandada en el procedimiento de ejecución de la sentencia que anuló la agrupación de las dos parcelas.

La magistrada resaltaba la “nulidad radical” de las licencias que otorgó el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes y ordenaba “el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida, llevándose a cabo las actuaciones necesarias para ello”.

La licencia de obras para el hotel fue anulada en el año 2007 y el intento de obtener un nuevo permiso posterior tras la aprobación del Plan General de Yaiza de 2014 también fue tumbado por el Tribunal Supremo. El hotel se terminó de construir en el año 2003 y desde entonces está abierto al público sin la autorización turística y, después, sin los permisos urbanísticos en vigor.

En el periodo de ejecución de las sentencias, tanto este como el resto de hoteles afectados, tras la aprobación del Plan General de Yaiza de 2014, debían intentar conseguir una nueva licencia en base a ese planeamiento. Después se anuló el Plan General de 2014, con lo que ese planeamiento, en lo relativo a la zona de influencia de Costas, ya no está en vigor, y el hotel debería intentar obtener su licencia en base al plan parcial de Las Coloradas. En ambos casos, la ocupación del vial hace imposible esa legalización, entre otros condicionantes.

El hotel incumple, entre otros parámetros, la altura y el número de plantas máximas y supera las condiciones de edificabilidad del plan parcial Las Coloradas, ocupando 20.000 metros cuadrados de más.

La mayoría de los establecimientos se han legalizado, excepto el Son Bou, el Hotel Papagayo Arena y el Princesa Yaiza, que mantienen infracciones más graves que el resto, de imposible encaje sin llevar a cabo demoliciones parciales o totales.

En el Papagayo Arena, la consecuencia de dejar el vial para acceso libre es el cierre del establecimiento

La Sala de lo contencioso del TSJC tendrá que pronunciarse sobre la decisión del Juzgado, que considera que hay que ejecutar en su integridad la sentencia que anuló esa agrupación de parcelas.

En este periodo de ejecución de sentencia, el Cabildo de Lanzarote, en uno de sus últimos escritos presentados, pidió la demolición del hotel. Considera que “no existe la más remota posibilidad” de legalizar la invasión del vial de acceso y por tanto, se debe producir “el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida”.

La consecuencia directa de dejar el vial para acceso libre es el cierre del establecimiento y la demolición. Por tanto, en caso de confirmar la sentencia, el Ayuntamiento de Yaiza debería proceder a la ejecución forzosa de ese fallo.

Alegaciones

La empresa propietaria del establecimiento, Papagayo Arena SL, alegó dentro del procedimiento que no existen dos parcelas, sino solo una y no existe servidumbre de acceso al mar porque está anulado el Plan General “en todo lo relativo a materia de Costas” o que “ese acceso peatonal al mar, jurídicamente hablando, ha desaparecido”. Esas alegaciones no fueron tenidas en cuenta.

También arremetió contra la jueza del Juzgado de lo contencioso número cinco de Las Palmas de Gran Canaria porque era una jueza sustituta y porque no había valorado documentos que consideran esenciales.

Hotel Princesa Yaiza.

Princesa Yaiza

La mayoría de los hoteles con licencia anulada tampoco tienen la autorización turística, a pesar de que llevan veinte años abiertos al público. El Hotel Princesa Yaiza es uno de ellos y ha pedido ahora al Cabildo esa autorización “de proyecto y clasificación provisional de una actividad turística alojativa en la tipología de hotel”.

El pasado 12 de septiembre, el consejero de Ordenación Turística, Jesús Machín Tavío, firmó una resolución por la que suspende el plazo para resolver ese expediente. En el transcurso de ese procedimiento, el Cabildo realizó un requerimiento de documentación al interesado, y el hotel solicitó la paralización del plazo hasta que obtenga la documentación requerida.

El TSJC denegó el acceso al Princesa Yaiza a un perito que debía determinar el exceso de metros construidos en el hotel para poder ejecutar la sentencia

La autorización se debe conceder en base a un proyecto válido, y el hotel tampoco ha podido conseguir una licencia que se ajuste al planeamiento en vigor porque su construcción excede con creces de lo que permite ese planeamiento, tanto su propio plan parcial como el Plan General.

En el fondo, el hotel no va a poder obtener esa documentación que le requiere el Cabildo que, en lugar de suspender el procedimiento, debía haber denegado la autorización. Con la suspensión del plazo, el hotel mantiene la versión ante otras instituciones de que está tramitando la autorización turística.

En el procedimiento de ejecución de sentencia de este hotel, en el que están personados el Cabildo y la Fundación César Manrique, el único retraso no es el de la apelación. El TSJC tardó dos años en contestar a una petición de la FCM que había encargado un informe pericial sobre las dimensiones del establecimiento, para determinar si es posible o no la legalización del inmueble.

Esto se debe hacer en base a las dimensiones reales del hotel, no como hasta ahora, que se ha hecho a tenor de los proyectos presentados por la propiedad del hotel o el Ayuntamiento de Yaiza. Pues bien, el TSJC no solo tardó dos años en responder esa solicitud, sino que cuando resolvió, denegó la petición para que se hiciera esa medición.

Ejecución

Respecto a otros hoteles, los procedimientos de legalización aún siguen en curso. Algunos se legalizaron sin apenas llevar a cabo obras y otros tienen que hacer algunas modificaciones, como es el caso del Iberostar Papagayo Park, en el plan parcial San Marcial del Rubicón.

En octubre del año pasado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza concedió a la empresa propietaria del hotel, Mardo Inversiones, la licencia de las obras necesarias para adecuar la realidad física a la ordenación urbanística, que es la condición para poder legalizar el hotel. La licencia se basa en un informe técnico de julio de 2021.

El Hotel Son Bou es otro de los establecimientos cuya legalización resulta imposible. En 2016, el Ayuntamiento de Yaiza había denegado la licencia para legalizar el hotel, después de que su autorización inicial también fuera anulada por los tribunales. La propiedad del hotel, también del Grupo Rosa, como el Hotel Princesa Yaiza, recurrió ante los tribunales esa negativa y, tanto en primera como en segunda instancia, el resultado ha sido el mismo. Para proceder a la legalización, el establecimiento tiene que demoler el exceso construido.

El Son Bou no tiene licencia en vigor ni autorización turística previa y no se puede legalizar porque el proyecto que presenta se excede de la edificabilidad permitida en más de 6.000 metros cuadrados (de algo más de 3.000 metros a más de 9.000). En enero de 2016, el Ayuntamiento de Yaiza notificó la orden de “reponer la realidad física alterada a su estado anterior”, que no se ha cumplido. Sigue abierto al público.

El TSJC ha solicitado recientemente al alcalde de Yaiza, Óscar Noda, que informe sobre el estado de tramitación del procedimiento de ejecución de la sentencia y el plazo previsto, así como los motivos por los que no se ha procedido a iniciar la demolición parcial del hotel Son Bou desde hace tres años.