El despropósito urbanístico en Playa Blanca aún no ha tocado fondo. A las miles de plazas, turísticas y residenciales, anuladas por los tribunales, las urbanizaciones fantasma sin terminar, las zonas verdes municipales ocupadas por hoteles, la falta de dotaciones públicas, adecuadas y los cientos de embargos por el pinchazo de la burbuja, hay que sumar la actitud del Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno con el nuevo Plan General, facilitando una salida adecuada y poco gravosa para los promotores que construyeron, vendieron a pesar de que conocían los problemas urbanísticos y los pleitos y que han contribuido ampliamente a generar esta situación. Pues bien, mientras las administraciones se empeñan en que los que han provocado la situación no pierdan sus beneficios, se olvidan de quienes están sufriendo las consecuencias.

En el plan parcial Playa Blanca la cosa se complica. A principios de este año la urbanización Las Sabinas, terminada en 2008, era una urbanización tranquila, casi deshabitada. De las 55 casas que se construyeron, se vendieron 13, antes de que llegaran las sentencias anulándolo todo. Los compradores no viven ahí, son inversores, pero sí viven famillas que pagan entre 500 y 600 euros de alquiler por unas casas de 78 metros con piscina y jardín.

Una vecina, de 31 años, con dos hijos, lo resume mientras pasea al perro: “Vivíamos bien y ahora yo no dejo salir a mis hijos a la calle y vamos a subir el muro porque así no se puede estar, ahora estamos fatal”. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace tres meses, como por arte de magia, todas las casas vacías dejaron de estarlo en sólo un fin de semana. Ahora todas las casas están habitadas, ocupadas, con una patada en la puerta y un cambio de cerradura. La luz se coge de Unelco y el agua de la urbanización o de cubas. Hay quien incluso ha llenado la piscina. Algunos vecinos han llegado a pagar 300 ó 400 euros porque Canal Gestión divide el consumo entre las villas que tienen contador.

La zona corre el riesgo de convertirse en un gueto y de contagiar a otras urbanizaciones

En algunas, de la parte de atrás, se han llevado las puertas y las ventanas. En otras hay cristales rotos, barricadas hechas con palés, una farola en el piso y hasta una caravana dentro de la finca. Esta vecina paga 500 euros al mes pero la mayoría no paga nada. Incluso, ante el panorama, unos vecinos que tenían contrato en vigor con una inmobiliaria, optaron por mudarse a la casa de enfrente, que es gratis. Las Sabinas se han convertido en un desastre.

Entre los ‘ocupas’ hay de todo: trabajadores de hoteles, encargados de supermercado, desempleados, personas que ocupan por necesidad y otras que aprovechan la ocasión. “Hay gente de Arrecife -dice esta vecina- que se ha cogido aquí su villa de fin de semana y verano”. Los viernes y sábados se montan fiestas hasta la madrugada y con la música a todo trapo. “No se puede estar, si hasta se oyen ruidos por la noche de gente empatando tuberías”. Algunos ya han optado por marcharse.

Pero todo tiene un origen. Las casas las construyó la empresa Tío Pino 2, de José Carmelo González Clavijo, un conocido promotor del Sur, imputado en el caso Yate. Vendió esas trece casas a una media de 250.000 euros cada una y ahora la empresa está en concurso de acreedores. El acreedor principal es La Caixa, y hay un administrador concursal, pero nadie se hace cargo de la situación. Tampoco el Ayuntamiento de Yaiza. Los vecinos han llamado en múltiples ocasiones a la Policía Local pero no hacen gran cosa. La situación comenzó a complicarse cuando, ante la dificultad de vender por la situación de ilegalidad del plan parcial, apareció otro viejo conocido del urbanismo del Sur y socio de Clavijo, Rafael Mesa, que, en nombre de una sociedad llamada Gestiones Los Lirios comenzó hacer contratos de arrendamiento sin ninguna validez, porque la urbanización ya estaba en concurso de acreedores.

Hay cientos de casas vacías y terminadas, preparadas para la patada en la puerta

Ante el descontrol, algunos dejaron de pagar, y después llegó la invasión. Los más perjudicados son los que compraron esas casas, para quienes la inversión ha sido desastrosa: adquirieron unas viviendas que ahora son ilegales, que no pueden vender y casi tampoco alquilar porque la urbanización se ha convertido en un polvorín, y las casas valen, con suerte, un tercio de lo que costaron.

Eso sí, tienen que pagar el IBI, la basura y el agua que les roban los vecinos. La situación, además, afecta a las urbanizaciones de al lado, algunas de las cuales están pleiteando contra los promotores para que les devuelvan el dinero. La zona corre el riesgo de convertirse en un gueto y de contagiar a otras urbanizaciones del mismo plan parcial que tiene cientos de casas vacías y terminadas, o casi terminadas, preparadas para la patada en la puerta.