La empresa FCC, a la que el Ayuntamiento de Arrecife adjudicó la construcción del pabellón de deportes de Argana Alta, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Las Palmas, que juzga el caso Jable, que se le impongan las costas del procedimiento a la Asociación Jiménez de Asúa por su comportamiento procesal “temerario” y “con mala fe”.

La constructora pide expresamente que la asociación asuma el coste de un aval bancario que la empresa se vio obligada a solicitar y que ha supuesto un coste de 1,4 millones de euros. FCC hizo esta petición al tribunal en abril y la volvió a reiterar en mayo sin que hasta ahora dicho tribunal se haya pronunciado.

La asociación de juristas Jiménez de Asúa para la defensa de la legalidad y por las garantías del proceso ejercía la acusación popular, pero decidió apartarse del procedimiento en el mes de marzo, antes de que se iniciara la primera sesión de la vista oral, que se suspendió para que se reanude este mes de septiembre.

El aval bancario se deriva de la petición por parte de esta asociación de la responsabilidad civil para la empresa, ya que dos de sus directivos estaban procesados en esta causa. Ni la otra acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, ni la Fiscalía, habían solicitado esa responsabilidad civil, que sí se aceptó en el auto de apertura del juicio oral.

Según señala la empresa, Jiménez de Asúa había pedido esa responsabilidad por el importe total de la adjudicación del pabellón, que inicialmente fue de 8,7 millones, pero que finalmente alcanzó la cifra de 11,8 millones.

La empresa pidió el aval al banco BBVA para garantizar la fianza en abril de 2017 y lo canceló en mayo de este año. El aval tenía unos gastos, en concepto de comisión de riesgo, de unos 20.000 euros al mes.

La empresa considera que el aval no estaba amparado en derecho y que nunca debió soportarlo. Argumenta que esta acusación popular solicitó la responsabilidad civil de FCC como participante a título lucrativo pese a que el Código Penal no prevé, para el delito de cohecho, que era del que se les acusaba a los directivos de la empresa, imponer una responsabilidad civil sino tan solo el comiso de la dádiva entregada.

Además, la representación legal de la empresa señala que las acusaciones populares no están legitimadas para pedir responsabilidades civiles. Antes de la vista oral, el directivo de FCC, Enrique José Hernández, reconoció la acusación por soborno que se le imputa. El acusado se enfrentaba a cuatro años de prisión y una multa de 111.744 euros por un delito de cohecho.

En un escrito, mostró su conformidad con los hechos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción y abonó el coste de la dádiva entregada a Déniz, que consistió en un viaje a Marrakech para siete personas, pagado por la empresa, por un valor de más de 16.000 euros.

El fiscal retiró la acusación contra el otro directivo acusado que formaba parte de FCC, Enrique Astorga, al haber reconocido los hechos su compañero.

Asociación polémica

La asociación de juristas Jiménez de Asúa se retiró de este caso mediante un escrito en el que no motivaba su decisión. Hace años que la asociación ya no tiene ninguna actividad. De hecho es una organización que se creó en Gran Canaria con el único objetivo de personarse como acusación popular en los casos de corrupción de Lanzarote aunque en realidad no acusaba y se dedicó a intentar poner trabas a las investigaciones. Incluso se llegó a personar en algunos casos antes de estar legalmente constituida.

La asociación se personó como acusación popular en casi todas las piezas del caso Unión o en los casos de los hoteles y fue tachada de “caballo de Troya”

La constituyeron en julio de 2015 dos abogados y un asesor de Gran Canaria: Juan Alberto Rubio Ortega, Luis Gómez Cantero y José Luis Benítez García, quien muy poco después ya decía públicamente que había pedido que le desvinculasen de la asociación. “No tengo nada que ver y ni sé quién la compone”, señalaba por teléfono entonces a este periódico.

La asociación se personó como acusación popular en casi todas las piezas del caso Unión, en los expedientes administrativos del proceso de regularización o derribo de los hoteles ilegales de Playa Blanca, en el contrato con el redactor del Plan General de Yaiza, en la pieza que investiga los pagos del Cabildo de Lanzarote al abogado Ignacio Calatayud, la que investigaba los pagos de Yaiza al abogado Felipe Fernández Camero e incluso en la pieza relativa al edificio de la Marina de Naos cuando ya estaba archivada.

“Útil” para los acusados

En la mayoría de los casos la representación legal la ejercía Juan David García Pazos. No culminaron la acusación en ninguno de los casos. Nunca tuvieron un portavoz. No hicieron ningún acto público, ni presentación ni rueda de prensa.

Recusaron a la última jueza instructora de Unión, Silvia Muñoz, se querellaron contra Pamparacuatro y contra los agentes de la UCO

Lo que sí hicieron fue recusar a la última jueza instructora de Unión, Silvia Muñoz y querellarse contra el primero, César Romero Pamparacuatro y contra el secretario judicial y los agentes de la UCO que investigaron el caso.

La querella no fue estimada y, por la recusación, la Audiencia les impuso una multa de mil euros por mala fe al considerar que su único fin era el de dilatar la tramitación del caso, en el que pidieron que se anulara el auto de apertura de juicio oral. Acabaron expulsados de la pieza principal.

También les dijo la Audiencia que solo presentaron “meras alegaciones formales carentes de cualquier mínimo sustento en datos objetivos”. La Fiscalía dijo sobre su personación que parecía “un abuso en el ejercicio de la acción popular” y los calificó como “caballo de Troya”.

Además pidieron la disolución de Transparencia Urbanística, y el caso llegó a juicio. La sentencia decía que carecían de legitimación para pedir dicha disolución. Transparencia Urbanística destacó en la vista oral que Jiménez de Asúa había sido “útil” a los “intereses” de acusados en casos de corrupción como los empresarios Luis Lleó y Juan Francisco Rosa o el exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.