El vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, señala en un escrito enviado al Juzgado en relación al caso del desahucio de los ancianos de Argana, que “motivado por las noticias que aparecían continuamente en los medios de comunicación” empezó a buscar en los archivos del Obispado y de la Parroquia de San Ginés para “esclarecer los hechos” y que “se ha sorprendido de encontrar un acuerdo o documento privado firmado por el párroco Antonio Perera y por Juan Antonio Rivera”.

En una cláusula de ese contrato, de tres páginas, dice claramente que la empresa respetará y permitirá que los actuales ocupantes de los números 2 y 8 de la calle Palacio Valdés “puedan seguir usando las viviendas hasta su fallecimiento” y añadía que, no obstante, podrá realojarles en otra vivienda de igual calidad y superficie pero igualmente hasta su fallecimiento.

Sobre el resto de las viviendas, dice el contrato que Iveco negociará con cada uno de los ocupantes el desalojo, pero previo pago de la indemnización que las partes acuerden y permitiendo la empresa que ocupen esas viviendas como mínimo durante un año para que pudieran encontrar un nuevo alojamiento.

El vicario de la Diócesis de Canarias aporta el contrato al Juzgado y dice que se ha "sorprendido" al hallarlo

“El incumplimiento de estas condiciones a las que se obliga la mercantil Juan Antonio Rivera dará lugar a que la Diócesis de Canarias pueda exigir el cumplimiento de las mismas a dicha mercantil”, señala otra cláusula. La última cláusula dice que la Diócesis se compromete a  colaborar activamente en la resolución judicial de los precarios existentes en la parcela con documentos o ratificación testifical o notarial de los acuerdos existentes.

A pesar de que este contrato se firmó en 2006, ni la empresa ni la Iglesia lo han aportado para que lo conocieran los afectados. A la mayoría de ellos nunca se les hizo una oferta firme de realojo, sino que se les dijo que se tenían que marchar. La Diócesis de Canarias vendió por unos 360.000 euros los terrenos sobre los que se construyeron las casas, a mediados del siglo pasado, destinadas a familias con escasos recursos económicos.

A pesar de que el contrato se firmó en 2006 ni la Iglesia ni la empresa lo han aportado en las causas judiciales

De las familias que habitaban las seis casas, dos se marcharon y las viviendas ya están derribadas. De las otras cuatro familias, todas recurrieron a la Justicia, pero el documento nunca se aportó a las causas. Dos han ganado y dos han perdido: Sinforiano y Pilar, que se quedarán por ahora en su casa, y Luis Manuel que puede ser desahuciado este viernes.

Hasta esta misma semana, la empresa Iveco ha estado intentando negociar con este matrimonio el pago de un alquiler en otra vivienda durante un máximo de dos años a pesar de que les correspondía la vivienda de por vida. Las negociaciones se iniciaron cuando se fijó el desahucio pero no en los siete años anteriores.

El contrato 'desaparecido'