El próximo mes de junio se convocará la Comisión mixta de transferencias formada por el Gobierno central y el canario para hacer efectivo el traspaso de las competencias que se reflejan en el nuevo Estatuto de Canarias. Una de las principales es la de Costas, que se encuentra en el artículo 157. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ya ha prometido que se hará ese traspaso sin mucha dilación.

El traspaso de estas competencias es una demanda ya antigua, pero no se hará de forma automática. Además de constituir la comisión hay que llegar a acuerdos sobre cómo será ese traspaso y hasta dónde llegará.

En realidad, hace muchos años que Canarias tiene competencias sobre la costa, o al menos sobre una parte de ella. Todas las autorizaciones y concesiones sobre la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre, que alcanza a una franja de veinte metros a partir de la línea del deslinde, si se trata de suelo urbano, o de cien metros, si no es suelo urbano, ya son competencia canaria. En esa zona se producen ocho de cada diez expedientes en el litoral, la gran mayoría.

El resto, que ahora también pasarán a manos del Gobierno autonómico, se encontrarían dentro de la zona de dominio público, que ha estado bajo el control del Gobierno central. Lo que seguirá en manos del Estado será la definición de la línea de deslinde, que no es una mera medición, sino una definición jurídica.

Por otra parte, aunque en menor medida, los ayuntamientos también tienen competencia en la costa, al menos en materia de seguridad y limpieza, entre otras. Será ahora el Gobierno de Canarias el que otorgue permisos y autorizaciones temporales para realizar algún tipo de actuación, como un rodaje, un concierto, una playa artificial, un puerto, un chiringuito o, incluso, otras más polémicas o de mayor envergadura. Y el que revise las concesiones existentes.

Habrá otras actuaciones que, probablemente, sigan sin depender del Archipiélago, ya que ahora tampoco dependen de la Demarcación de Costas, aunque no está claro. Por ejemplo, la renovación de la concesión administrativa del Hotel Oliva Beach, en las dunas de Corralejo, depende de un informe del Consejo de Estado. Lo que se sabe es que se va a convocar la comisión mixta entre Canarias y el Estado.

También se sabe lo que ha manifestado el Gobierno de Canarias, cuyo consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha prometido mayor agilidad, compresión, cercanía, seguridad jurídica (a pesar de que el marco legal será el mismo), sensibilidad y plazos de respuesta razonables.

El Gobierno regional considera que la Dirección General de Costas “ha sido lenta y poco accesible para las administraciones y los agentes económicos de Canarias”. También se han manifestado partidos como Coalición Canaria, que habla de la necesidad de agilizar los expedientes.

Y los empresarios: la patronal turística Ashotel dice que es “una gran noticia”, mientras que una de las organizaciones de Fuerteventura, Asofuer, va más allá y lo califica como “hito histórico”. El año pasado, su presidente, Antonio Hormiga, fue sancionado por Costas con 4.600 euros por ocupar con mesas y sillas una playa en Corralejo sin autorización. El levantamiento del precinto terminó en el Juzgado.

Todos los sectores empresariales hablan de desbloquear proyectos paralizados, destinados en su mayor parte a la explotación turística. Ante este entusiasmo generalizado en el sector empresarial, los ecologistas temen que la administración canaria pueda ser más permeable ante proyectos de mercantilización de la costa.

Y frente a esto, lo que no se sabe es lo que piensa la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que es quien tiene ahora las competencias, ya que no ha realizado una sola declaración sobre este asunto.

Pendiente en Lanzarote

En Lanzarote hay varios proyectos en tramitación que heredará el Gobierno autonómico. Uno de ellos es la petición de una playa artificial en Playa Blanca, un expediente que ya existía, frente a un hotel en construcción, de la empresa Yudaya, de los hermanos Domínguez.

Se está pendiente de resolver la petición de una playa artificial en Playa Blanca

Costas ha pedido que se aligere un poco el proyecto, que no sea tan extenso, mientras que ya ha denegado la otra playa artificial solicitada por el presidente de la patronal hotelera de Gran Canaria, José María Mañaricúa, en Costa Teguise.

Costas también está revisando el deslinde en el Islote del Francés, donde aún se pueden hacer alegaciones, y ha planteado que la servidumbre de protección alcance los 100 metros, lo que haría prácticamente imposible su desarrollo urbanístico, además de un proyecto en El Golfo para hacer piscinas naturales, promovido por el Ayuntamiento de Yaiza.

Otra de las principales polémicas con Costas tiene que ver con la anulación del Plan General de Yaiza, que se tumbó precisamente porque se había omitido en la tramitación del planeamiento un informe preceptivo y vinculante de la Demarcación de Costas. La tardanza en hacer ese informe fue clave para que se anulara, de forma parcial, el Plan General del municipio.

Yaiza intenta desde entonces llegar a un acuerdo con el Ministerio sobre la disparidad de criterios en la línea del dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre, que Costas solicita que en algunas zonas sea de 100 metros y no de 20 metros, un criterio que afecta a Playa Blanca, pero también a los núcleos de Playa Quemada o El Golfo.