El primer acusado en declarar en la segunda sesión del juicio de Stratvs ha sido Faustino García Márquez, exjefe del servicio de Ordenación Urbanística del Gobierno de Canarias. Está acusado de un delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores de un espacio natural protegido, con petición de 12 años de inhabilitación para empleo público, aunque ya está jubilado, y multa de 27.000 euros.

García Márquez dijo que hizo una propuesta técnica para la autorización de una bodega en suelo rústico en el paisaje protegido de La Geria. Pidió tres informes: uno al Ayuntamiento de Yaiza, que no contestó y que se estima como positivo, otro al Cabildo, que dijo que el proyecto era incompatible y otro al servicio de Agricultura del Gobierno, que contestó que no se justificaba el proyecto ni sus dimensiones.

Preguntado si los movimientos de tierras en La Geria estaban prohibidos, señaló que solo aquellos movimientos que modifican el impacto en el paisaje, pero que se permitían para hacer aljibes o pozos negros. La decisión dependía “del concepto de movimiento de tierras que se interprete”. “Hay que relativizar los movimientos de tierras en un paisaje hecho con movimientos de tierras”, aseguró.

García Márquez informó de forma desfavorable a la bodega de Stratvs en una primera ocasión en octubre de 1998 pero informó de forma favorable en marzo de 1999. ¿Qué ocurrió?, preguntó la fiscal. Alegó que el cambio se produce porque entran otros dos expedientes más, uno de Vega de Yuco para otra bodega enterrada y uno de Antonio Suárez, a apenas un centenar de metros de distancia de Stratvs, para ampliar una bodega sobre rasante. El primero se autorizó y el segundo no por su afección al paisaje.  “Lo que era solo una solicitud se acaba convirtiendo en algo más relevante y eso me obligaba a revisar mi criterio”, dijo.

Armando Villavicencio.

El técnico señaló que el informe del Cabildo decía solo que el proyecto para la bodega Stratvs estaba en espacio natural protegido. Añadió que él sostuvo inicialmente que era desfavorable de forma errónea. “En el segundo corregí los errores del primero -dijo-, le puse un énfasis excesivo y erróneo en la primera propuesta porque quería dar una salida rápida negativa”. Aseguró que quizá estaba cansado porque era una semana con mucho trabajo y ese año entraron 2.242 expedientes. “Interpreté negativo lo que no lo era”, agregó.

También alegó que en la segunda ocasión se habían incorporado unas alegaciones de la solicitante, Piedad del Río, que las había presentado a pesar de que no se le había notificado el informe negativo. La fiscal le señaló que Agricultura seguía diciendo que no estaba justificada la proporcionalidad de la bodega. “¿No debió pedir un nuevo informe?”, le preguntó. “Podía haberlo hecho -contestó- pero el plazo máximo que teníamos para resolver un expediente era de tres meses y ya llevábamos seis”.

En opinión de García Márquez, si no se resolvía la actuación por parte del Gobierno de Canarias se concedía por silencio positivo, pero la fiscal recordó que el silencio opera como positivo solo en las actuaciones que están permitidas dentro del planeamiento y el acusado respondió que esta actuación no estaba prevista pero tampoco prohibida expresamente.

García Márquez también sostuvo en el juicio que el Plan Insular de 1991 había quedado obsoleto en solo ocho años respecto a La Geria porque no se adaptó a leyes posteriores y que como estaba obsoleto había que interpretar el Plan. “El Plan Insular es impreciso en suelo rústico y en La Geria sus determinaciones eran transitorias”, sostuvo. Añadió que el mayor riesgo de La Geria es el abandono de sus cultivos.

“Desbordados” de expedientes

Por su parte, Armando Villavicencio, jurista del Gobierno, fue el encargado de ratificar la autorización pero dijo que se apoyó en juristas de la empresa pública Gesplan. Hizo un informe favorable condicionado.

Alegó que estaban “desbordados” de expedientes y tanto él como Juan César Muñoz Sosa, director general de Urbanismo entonces, dijeron que confiaban en el criterio de García Márquez y de los juristas. La fiscal le preguntó si no vio contradicciones entre los antecedentes del expediente y su conclusión, y respondió que los antecedentes eran incompletos y se podían completar.

Juan César Muñoz.

Ninguno de los dos técnicos y el político del Gobierno, ya jubilados, supo responder cómo es posible que se notificara la resolución por mensajería a Juan Francisco Rosa si no aparecía como solicitante de la autorización de licencia.  Villavicencio también dijo que el criterio cambió porque había más solicitudes, a pesar de que una de las tres no se aprobó. Respecto a los movimientos de tierras, dijo que hay que interpretar “teleológicamente” lo que es un movimiento de tierras.

Finalmente, Muñoz Sosa insistió en que el volumen de trabajo era muy importante y que para él, éste fue un expediente que pasó desapercibido: “Firmaría unos doscientos ese día”. Admitió que conocía a Juan Francisco Rosa, “como a otros empresarios del sector”, y dijo que no dio directrices  a ningún técnico para resolver el expediente de Stratvs.