Una de las quejas recurrentes en la Isla en los últimos años es la escasa presencia de la Inspección de Trabajo. Los sindicatos coinciden ahora en que parece que han aumentado las inspecciones. En ocasiones funciona el hecho de denunciar y la colaboración entre administraciones para conseguir demostrar esas denuncias.

Este es uno de los casos en el que colabora la Inspección de Trabajo con el Grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y que se remata con una sentencia favorable por parte del Juzgado de lo Social para uno de los trabajadores de la misma empresa, que había sido despedido y a quien se le reconoce el despido como improcedente. La sentencia todavía no es firme.

El caso empieza en noviembre de 2017. La Inspección de Trabajo reclama documentación a una empresa que realiza trabajos a su vez para otra empresa que hace excursiones turísticas en un submarino, para que los turistas vean peces.

La primera empresa aporta buceadores y marineros a la segunda y contesta que no puede presentar cierta documentación que le exige la Inspección, así que en febrero de 2018 la Inspección acude junto con la patrullera de la Guardia Civil a comprobar cómo se lleva a cabo el trabajo.

Tras comprobarlo en el mar y hacer varias entrevistas a los trabajadores y al gerente en tierra, acaba decretando la paralización inmediata de la actividad porque detecta un riesgo muy grave en materia de riesgos laborales y comienza a tramitar la correspondiente multa.

Lo que comprueban es que las empresas responsables no cumplen con los requisitos exigidos por ley para ese tipo de actividades subacuáticas para garantizar la salud y minimizar los riesgos.

Comprueban que nadie controla las inmersiones, que no quedan registradas en ningún lugar, que no hay jefe de equipo (que es obligatorio), que no hay un submarinistas de apoyo (de socorro) y que los ascensos de los submarinistas se hacen de forma muy rápida y están supeditados a las maniobras y necesidades del barco y no a la salud de los trabajadores.

La labor de los buceadores es la siguiente. Van en un barco de apoyo al submarino, como marineros, y hacen labores de atraque y desatraque en el puerto. Cuando el submarino baja hacia el fondo, ellos se sumergen con trajes de neopreno y botellas. Su trabajo es el de hacer un show que consiste principalmente en dar de comer a los peces y jugar con ellos para que los turistas los puedan ver de cerca.

La normativa exige que los buceadores sólo pueden hacer una inmersión al día y que haya una diferencia de doce horas entre una inmersión y otra. Los buceadores declararon ante la Inspección que ese día ya habían hecho tres inmersiones de unos diez u once minutos y que tenían previstas dos más. Bajaban hasta 29 metros de profundidad con un intervalo de solo 45 minutos entre una y otra y no se apuntaban los datos de la inmersión.

La rapidez en emerger, además, podía afectar negativamente a la salud y multiplicar el riesgo de no llevar a cabo bien la descompresión. Las empresas tampoco contaban con el equipo mínimo exigido por la legislación.

Lo que alegaron en su defensa es que no se les podía aplicar esa legislación sobre buceo profesional porque no hacen buceo profesional, sino que se trata de una actividad de recreo, pero la Inspección concluye que quien hace la actividad de recreo son los turistas, no los trabajadores y hace responsable de la multa tanto a la empresa principal como a la contratista.

Por otra parte, la Inspección acudió en febrero pero en enero habían despedido a uno de los trabajadores que el pasado mes de octubre logró que se reconociera el despido como improcedente. La sanción de la Inspección de Trabajo está aún en vía administrativa.