La mayoría de los procesados del caso Yate, en el que se investigó la concesión de licencias a los hoteles ilegales de Yaiza, las autorizaciones del puerto deportivo Marina Rubicón y el plan parcial Playa Blanca, ha confesado haber cometido los delitos de los que se les acusa. El juicio comienza el próximo 20 de marzo.

El principal acusado, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, para el que la Fiscalía solicita 25 años de prisión, ha presentado un escrito en la Audiencia Provincial en el que muestra su “arrepentimiento” y “reconoce expresamente” la “comisión de los delitos contra la ordenación del territorio que se le imputan”.

En ese sentido, admite haber sido “plenamente consciente, al emitir las licencias urbanísticas” para la veintena de hoteles ilegales, el puerto Marina Rubicón y el plan parcial Playa Blanca, de su “disconformidad con el planeamiento urbanístico que le era de aplicación, así como de la falta de informes jurídicos y técnicos que dieran cobertura a tan arbitraria decisión municipal”.

En el paquete de licencias que la Fiscalía considera ilegales se encuentran los hoteles, las autorizaciones urbanísticas del plan parcial Playa Blanca y del puerto Marina Rubicón, que el Ministerio Fiscal pide que se anulen por parte de la Audiencia Provincial. Todas fueron anuladas por los tribunales en la vía contencioso administrativo, salvo la del puerto deportivo.

El ex alcalde reconoce haber sido “gratificado por diferentes promotores y constructores en concepto de recompensa con la cantidad en metálico de 300.172,61 euros”. Reyes ha ingresado la citada cantidad en concepto del pago de la multa por el delito de blanqueo de capitales.

Con ese montante económico, que admite haber percibido por comisiones ilegales, confiesa que adquirió cinco automóviles (un Toyota Rav4, un Mercedes Benz 202, un Saab ESG, un Renault Kangoo y un Toyota Corolla), una embarcación de recreo de 143.480 euros, un spa de 24.500 euros o la entrada y financiación de un piso en La Laguna (55.118 euros).

Los acusados en el caso Yate, que comienza el 20 de marzo, están mostrando su "arrepentimiento" y confesando los delitos cometidos con las licencias ilegales y el blanqueo de las comisiones

Las citadas propiedades estaban a nombre de su esposa (Antonia Torres) y de tres de sus hijos (María Beatriz, Noelia y Francisco Abel Reyes Torres). “Con la finalidad de colaborar con la Administración de Justicia en la ayuda directa a identificar a los restantes responsables, declaro que las personas de mi familia que se indican como titulares de los bienes tenían conocimiento de la forma en que se habían financiado y el resto de los acusados conocían de igual forma la procedencia ilícita del dinero”, señala Reyes en referencia a sus presuntos testaferros.

Entramado para "ocultar" el dinero

Reyes señala a sus asesores fiscales, José Rafael y Manuel Benito Mesa Ferrer, como los artífices de montar el entramado empresarial, mediante las sociedades Sea Sun Lanzarote y Management & Consulting Lanzarote, para “ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente”, con “pleno conocimiento” del “origen delictivo de los fondos que gestionaron”. Mediante este entramado efectuó la compra del barco 'El Pachi' por 143.840 euros y constituyó la empresa Sea Sun Lanzarote, con ingresos en efectivo por importe de 130.720 euros entre marzo de 2004 y junio de 2009.

Reyes también admite que los “ingresos en efectivo en las cuentas de la sociedad instrumental Acuimar Cachazo”, entre agosto de 2002 y febrero de 2008, de 51.106 euros, tenían la finalidad de “ocultar” bienes. Para ello utilizó a los acusados Antonio Marcelo Machín Arbelo y Simeón Camacho, personas de su “confianza” y “perfectos conocedores de la procedencia ilícita de los ingresos en metálico al provenir de los actos arbitrarios de concesión de las licencias urbanísticas”.

Entre los hechos reconocidos por el ex alcalde también se encuentra la adjudicación de contratos municipales a una empresa en la que participaba, Comcaype, junto a otros miembros de su formación política, el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), Juan Carlos Becerra y Pedro de Armas.

Como alcalde, Reyes firmó un contrato de publicidad con Punto Radio Lanzarote, explotada a través de Comcaype, de 2.400 euros al mes durante 2006 y 2007, “a sabiendas de que por razones de su cargo no podía participar en la adjudicación de dicho contrato” y en su “deber legal de abstención”.  Además, el ex alcalde reconoce la “sustracción de caudales públicos” valorada en unos 3.000 euros por el cobro indebido de viajes o dietas.

El ex secretario también confiesa

Otro de los imputados en la causa, el ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, también ha presentado un escrito en la Audiencia Provincial en el que muestra su “arrepentimiento” y reconoce de forma expresa la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística.

En ese sentido, admite que era “consciente, en el momento de emitir los informes jurídicos” del expediente para el otorgamiento de la licencia de obras a la empresa Puerto deportivo Marina Rubicón SA y en el expediente de aprobación del plan parcial Playa Blanca, su “disconformidad” con “la normativa urbanística aplicable”.

El ex secretario también admite haber cometido una malversación de caudales públicos de unos 4.000 euros y haber actuado “con una negligencia culposa e inexcusable durante el ejercicio de su función” en el delito de falsedad documental del que también se le acusa.

Los acusados confiesan e ingresan

Buena parte de los acusados -salvo alguno como el técnico municipal Antonio Lorenzo- ya ha reconocido haber delinquido, además de mostrado su arrepentimiento y haber ingresado o mostrado su disposición a ingresar las multas cuya imposición reclamó la Fiscalía en el procedimiento.

Por ejemplo, Manuel Benito Mesa Ferrer ingresó 20.000 euros y solicitó un plazo de tres meses para pagar la cantidad que le restaba hasta los 71.000 euros que se le piden. Simeón Camacho también ingreso 10.055 euros y Antonio Marcelo Machín Curbelo otros 10.000 euros.