La asociación Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular en el caso Stratvs, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Las Palmas la recusación de los tres magistrados de la Sección Sexta que decretaron el pasado 22 de diciembre el levantamiento de la medida cautelar de cierre de esta bodega, construida en 2008 en el paisaje protegido de La Geria y clausurada en 2013 por orden judicial.

El colectivo solicita esta medida porque considera que los tres magistrados, Salvador Alba, como ponente, Emilio Moya y Carlos Vielba, que tendrían que juzgar el caso, han perdido la imparcialidad al haber entrado ya en el fondo del asunto.

El complejo Stratvs ocupa más 12.000 metros cuadrados y, además de la bodega, cuenta con un restaurante, una tienda y diversas terrazas para eventos. Se construyó en el paisaje protegido con una licencia para restaurar una vivienda de 100 metros cuadrados y hacer un almacén de 900. Una parte se construyó en terrenos que pertenecen a la familia Negrín, que se ha personado como acusación particular.

En su escrito de recusación, Transparencia Urbanística señala que el auto por el que se decide levantar el cierre, de apenas cuatro folios, pone de manifiesto la pérdida de imparcialidad objetiva de los tres magistrados. Esta misma sección de la Audiencia denegó la apertura en el año 2014 con unos argumentos que entran "en contradicción radical" no sólo con su anterior auto sino con otros tres autos judiciales más que mantuvieron el cierre.

Según Transparencia Urbanística, la Sala entra a valorar las pruebas para negar que se haya podido cometer un delito ambiental, ya que en el auto se dan por buenas unas pruebas periciales presentadas por el propietario de la bodega en las que se niega la existencia de red hídrica subterránea en La Geria.

Destaca Transparencia que se ordena el alzamiento únicamente sobre esta base, que es una prueba interesada, mientras que se obvian numerosas pruebas en contra, como atestados e informes periciales tanto de peritos nombrados por el Juzgado como de las distintas fuerzas del orden.

Tampoco se toman en consideración ni la sentencia que anula la licencia del restaurante ni la que anula el Plan Especial de La Geria, que era el instrumento de planeamiento en el que Stratvs basaba su posible apertura.

Transparencia Urbanística considera que los tres magistrados han entrado en el fondo del asunto en cuanto al posible delito medioambiental y por tanto han expresado un prejuicio que les impide tanto resolver el recurso de súplica contra la apertura (presentado por la propia asociación y por la Fiscalía de Las Palmas) como la celebración del juicio oral, puesto que ya "han formado criterio", que llega a la conclusión de que no existe red hídrica que se pueda contaminar.

“Pérdida de imparcialidad objetiva”

El auto de los citados magistrados de la Audiencia Provincial, para Transparencia Urbanísticos, tiene pronunciamientos que suponen una toma de posición sobre aspectos importantes del fondo del asunto "e indican la pérdida de imparcialidad objetiva".

Por otra parte, destacan que las sospechas de pérdida de imparcialidad se acrecientan por el hecho de que la Sección Sexta de la Audiencia dictara una providencia para que el Seprona levantara el precinto a instancias de una llamada telefónica del abogado del dueño, Juan Francisco Rosa, y antes de que se hubiera terminado el plazo para recurrir el auto, y que no se hiciera "por la vía procesal ordinaria". Para la acusación popular, "carece de explicación que se dicte una resolución atendiendo a una petición tan extravagante de forma precipitada". La Sala tuvo que anular su propia providencia.

La abstención de Alba

En este sentido, desde la acusación popular ponen de manifiesto que el abogado de Rosa es José Antonio Choclán, ex magistrado de la Audiencia Nacional, que a su vez es el abogado que dirigió una querella contra el ponente de este caso, el juez Salvador Alba, en nombre del empresario Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas.

Según Transparencia Urbanística, "esto debería bastar" para que Alba se abstuviera en cualquier procedimiento en que intervenga Choclán. Además, Choclán ejerció la defensa de Ramírez cuando el juez Alba emprendió acciones judiciales contra él por difundir parte de la grabación en la que se les escucha conspirar contra la también jueza Victoria Rosell.

Esta denuncia fue archivada, mientras que Alba está siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la presunta comisión de hasta cinco delitos por preparar una declaración junto a Ramírez  para perjudicar a Victoria Rosell. 

Más claves

CLAUSURA. En el auto de cierre cautelar, de diciembre de 2013, la juez Silvia Muñoz señalaba que la bodega "supera de manera exagerada y grosera lo inicialmente autorizado". El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) también anuló en 2014 la licencia de apertura del restaurante y de la tienda. Además, el cierre se produjo por el riesgo hacia el medio ambiente por los vertidos de aguas residuales, que carecen de autorización y de control, a la red hídrica subterránea.

FISCALÍA. La Fiscalía, en este procedimiento, calificó la bodega como "el peor atentado medioambiental" contra Lanzarote desde que la Isla fue declarada en 1993 Reserva de la Biosfera por la Unesco.  Esta causa penal, con la instrucción ya finalizada, se dividió en dos piezas porque en una de ellas se juzgará a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que dio la licencia de apertura y que también es diputada del Parlamento de Canarias por Nueva Canarias, y por tanto aforada.

ACUSACIONES. Las acusaciones se dirigieron contra 17 personas por delitos contra el territorio, contra el Patrimonio Histórico, el medioambiente, así como delitos de falsedad documental, usurpación de bien inmueble y estafa. Entre los procesados se encuentran, además de Acuña, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, condenado ya en dos ocasiones.

JUICIO. En el banquillo de los acusados se sentarán técnicos del Ayuntamiento, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias, el arquitecto que hizo la bodega y su propietario, imputado también en el caso Unión, a quien la Fiscalía le pide 15 años de cárcel y la demolición de la bodega.