La palmera canaria (Phoenix canariensis) es una especie protegida y endémica del Archipiélago, que adjetiva los paisajes de Lanzarote, tradicionalmente respetada por su valor decorativo y su capacidad para generar espacios umbríos. En los años 50 una Real Orden ministerial dispuso plantar 100 árboles en Lanzarote cada año y las instituciones insulares pidieron cambiarlos por 25 palmeras.

Más de medio siglo después, Arrecife ha visto desaparecer 612 palmeras canarias de los márgenes de su circunvalación en obras. La noticia inicial fue que se trasladaron a una parcela contigua al Punto Limpio de la capital, donde se mantendrían cuidadas hasta la finalización de las obras de duplicación de los carriles.

Los traslados comenzaron en septiembre de 2011. Un técnico del área de Medio Ambiente del Consistorio capitalino alertó de que los primeros ejemplares trasladados estaban muertos. Tras ponerlo en conocimiento del Cabildo (90 eran de propiedad municipal y el resto, de la primera institución insular), los técnicos verificaron ‘in situ' que los huecos abiertos para el trasplante no eran suficientemente profundos, faltaban tubos para canalizar el riego (lo que obligó a regar los árboles precariamente y con cubas) y varias palmeras permanecieron meses atadas.

Otras palmeras que debieron trasladarse, las ubicadas al final de la calle José Antonio, se podaron y se amarraron, permaneciendo en esta tesitura durante meses, sin que fueran reubicadas en otro lugar.

La conclusión de un último informe municipal, solicitado por Alternativa en diciembre y presentado ahora, es que las palmeras murieron conforme se trasladaron y que la empresa encargada de realizar la maniobra las retiró de la zona habilitada temporalmente para su cuidado incumpliendo el protocolo fitosanitario que había establecido el Cabildo para su traslado.

En su momento, el Ayuntamiento de Arrecife solicitó al Servicio de Medio Ambiente del Cabildo que realizase una inspección técnica para fiscalizar si la obra realizada por el Gobierno de Canarias cumplía los protocolos establecidos. El Cabildo confirmó que se habían efectuado “distintas comprobaciones” y que en varias ocasiones requirieron a los técnicos designados por el Gobierno de Canarias “la subsanación de las irregularidades observadas”, y que fueron atendidas.

En último término, los informes técnicos que solicitó a su vez el Cabildo determinaron que la pérdida de los ejemplares de palmera se debió fundamentalmente “a riegos insuficientes y a situaciones climatológicas adversas, motivadas en parte por la rotura de la red de riego durante el desarrollo de las obras”. El resultado: ausencia de responsable por la pérdida de los árboles y de su valor económico y medioambiental.