Pregunté esta semana a un autor canario por el estado de su producción literaria recordando que a principios de año me había dicho visiblemente entusiasmado que ultimaba el manuscrito de una obra con tintes críticos. Me respondió con mucho menos entusiasmo que la obra estaba lista, pero que ahora dudaba del interés de algún sello editorial porque “es un  libro duro que toca muchos intereses”. Mi réplica fue que a estas alturas de la vida no estamos ni para autocensuras ni para caer bien a todo mundo.

El mismo 31 de octubre la princesa Leonor llegaba a la mayoría de edad y juraba la Constitución Española en la sede del Congreso de los Diputados arropada por los tres poderes del Estado. La heredera del trono cuando falte su padre, el rey Felipe VI, juró desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.

Los medios de comunicación no perdieron pista a la parada militar, al discurso y   juramento de la futura jefa de Estado, tampoco a los actos sucesivos de celebración con la inmaterial Constitución omnipresente. Constitución va, Constitución viene, la palabra, pero pocos comentarios sobre su contenido.

Decidí echar un repasito al librillo material de la Constitución vigente del año 78, sancionada el 27 de diciembre de ese año por el hoy rey emérito en el “exilio”, en Abu Dabi, y abuelo de la princesa Leonor, Juan Carlos I de España. En uno de los primeros de sus 169 artículos, el número 20, se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Lo que hago aquí semanalmente y cientos de personas con diversidad de ideas y pensamientos.

El mismo Artículo 20 reconoce también el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, apuntando textualmente que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”. Y todavía vemos a políticos seudoconstitucionalistas que desprecian el arte y hasta cuestionan sin fundamento ni conocimiento de causa la inversión pública en cultura, que sigue siendo ínfima en el conjunto del Estado español.

El caso del escritor canario en el fondo es apenas un ejemplo de la violación de un derecho constitucional en la España democrática. El dictador Franco cumplirá 48 años de muerto este 20 de noviembre. El artista solo me expresó un temor fundado en realidades del día a día imposibles de ocultar como la censura campante en el planeta.

Me remito a un hecho. Editorial Planeta tenía todo listo para publicar este año 2023 (año de elecciones municipales y regionales en Colombia, celebradas el pasado 29 octubre) el libro titulado ‘La Costa Nostra’, donde la joven y valiente periodista de investigación, Laura Ardila Arrieta, destripa las artes oscuras de la organización politiquera - mafiosa de uno de los clanes más poderosos de la región Caribe y del país, la familia Char.

Esgrimiendo dictámenes jurídicos, Planeta decidió cancelar la publicación del libro informando que es “un texto con importantes riesgos (legales) que, como empresa, decidimos no asumir”. Sin embargo, la autora colombiana afirma que el grupo editorial conocía el primer borrador desde 2020, incluso llegando a suscribir el contrato de publicación a principios de 2021, pero a última hora, después de entregar el último manuscrito el pasado mes de abril y sin comunicar  antes reserva alguna sobre el trabajo, asevera Ardila,  la editorial le informó su decisión de no imprimir a pesar de reconocer que el libro “era una joya del periodismo investigativo”.

La periodista denuncia censura a su narrativa porque desvela las prácticas clientelistas, corrupción en la contratación pública, maquinaria electoral y compra de votos del clan de referencia. Esta gente tiene los tentáculos bien largos y despliega sus estrategias de presión más allá de las fronteras, no obstante, el proyecto sobrevivió y el libro está en la calle con el respaldo de Rey Naranjo Editores.

Y la Constitución española, la madre de todas las leyes, también recoge en su Artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, pero de todos es conocido el grave problema que hay en España con la falta de vivienda y la especulación, y  en Madrid,  a 20 kilómetros del edificio donde la princesa juró la Constitución delante de los partidos constitucionalistas, está localizado el asentamiento de chabolas más grande de Europa que acoge a más de 7.000 personas en situación de penosa marginalidad.

El Estado, la Comunidad de Madrid y los municipios con suelo comprometido en el poblado de Cañada Real, sí, ‘Real’, firmaron en 2017 un pacto para dignificar las condiciones de vida de sus habitantes, pero aunque se han tomado medidas para realojar a parte de la población, el problema persiste.

En la Constitución también está escrito, en el Artículo 35, que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Esta misma semana una chica joven diplomada con estudios en formación profesional en administración me contaba que una empresa le ofreció trabajo a tiempo completo, 40 horas semanales, con remuneración de 160 euros mensuales, camuflando esta miseria de retribución como gastos de alimentación y transporte de una estudiante en prácticas.

Tampoco es asunto menor la educación, recogida en el Artículo 27 que cita  expresamente que los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

No es ni mucho menos un cuento chino que las rentas altas paguen más impuestos.  El Artículo 31 manifiesta que  todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Derechos, deberes y libertades están escritos de sobra, así que lo mínimo que esperamos es que de la letra del librillo pasemos a la acción, aparte de las concebidas juras, celebraciones y promesas.