Hay decisiones políticas que no hace falta interpretar, porque ya lo expresan todo. La última del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, es una de ellas.

El PP cesó a Ángel Vázquez como consejero delegado de los Centros Turísticos después de que su hijo consiguiera plaza fija de fregador en esos centros. Según se ha publicado, Vázquez firmó en enero de 2024 las bases del proceso para cubrir quince plazas y el 12 de noviembre de 2025 la resolución definitiva, en la que figuraba su hijo entre los seleccionados. Un informe jurídico advierte de la anulabilidad del procedimiento de contratación. Cualquiera esperaría que un cese así se tradujera en una consecuencia real. Lo que ha llegado, en cambio, es una nómina. Betancort propone al pleno que Vázquez cobre 74.647,02 euros brutos anuales como miembro del Consejo de Gobierno Insular y consejero-secretario. Es decir, pierde el cargo en el que se produjo el problema y conserva un sueldo público de los grandes.

Convendría explicar a los lanzaroteños qué lógica sigue este movimiento. Si lo ocurrido justificaba apartarlo de los Centros, no se entiende que no justifique apartarlo también de la liquidación. Y si no lo justifica, el cese es pura escenografía. De ahí que la oposición hable de blindar a Vázquez con dinero público.  Es verdad que yo no habría utilizado lo de “blindar” y habría echado mano del más terrenal “mantener los privilegios”.Se puede discrepar de los términos, pero la pregunta de fondo es legítima y sigue sin respuesta.                                              

Este episodio no es un accidente aislado, sino un patrón. En 2023, recién investido, Betancort propuso para sí un sueldo de 92.928,03 euros brutos anuales, más que el presidente del Gobierno de España, y acabó sometiendo la cifra a una encuesta telefónica a 300 residentes. Más tarde, el PSOE denunció que el propio Vázquez, al frente de los Centros, había pasado de 69.785 euros en 2023 a 94.742 en 2024. Y este mismo otoño, Unidos por Lanzarote puso en duda las explicaciones sobre el viaje del consejero a las fiestas de su localidad natal en Galicia, y reclamó el detalle de las dietas y de la tarjeta de los Centros. Vázquez respondió que la aportación económica de Lanzarote al evento había sido de cero euros. Una cosa es lo que se declara y otra lo que se documenta, y la transparencia consiste precisamente en publicar lo segundo.

El problema de fondo no es de personas, sino de cultura política. En demasiadas instituciones, el cargo público ha dejado de ser un servicio temporal y se ha convertido en un oficio, con la nómina, las dietas y los viajes como parte del paquete. Quien se acostumbra a esa vida difícilmente quiere volver a la anterior, y quien ya no tiene una anterior a la que volver depende del cargo para subsistir. Eso genera una dependencia incómoda. Se vuelve difícil decir que no, difícil dimitir y difícil asumir una responsabilidad cuando el precio es perder el sustento o parte de él, y el estatus.

Lo mismo cabe decir de los gastos de viaje, el rincón menos vigilado de cualquier presupuesto. El Parlamento de Canarias reconoció en su propio acuerdo de 2024 el crecimiento significativo de los gastos de diputados y diputadas en los últimos años al revisar el régimen de ayudas e indemnizaciones. Y su Mesa aprobó en octubre de 2025 un acuerdo sobre asistencias a actos en el extranjero que dejó sin efecto en julio de 2026. Los desplazamientos de un representante público pueden ser perfectamente legítimos, pero hace falta que cada euro sea rastreable. Debemos conocer quién viaja, a dónde, para qué y con qué resultado para el interés general. Mientras eso no se publique de forma clara y contrastable, la sospecha seguirá siendo la respuesta razonable de la ciudadanía.

Una salida digna existía y era simple. Lo normal habría sido que, apartado de la gestión, regresara a su plaza de auxiliar administrativo, como hace cualquier trabajador al terminar su andadura por lo público. No se trata de ningún castigo, sino de normalidad. Se trata de volver a hacer el trabajo por el que cobra con arreglo a su categoría. Que se evite esa salida y se opte por una retribución de 74.000 euros dice mucho de cómo se entiende la institución. Y lo que efectivamente no parece querer soportar, y el  presidente del Cabildo  es solidario con esa situación, es que se vea degradado a ser un simple auxiliar administrativo después de ejercer de todopoderoso jefe. 

Nos hemos acostumbrado, además,   a que el Cabildo y los ayuntamientos sean un servicio de contratación de los hijos, los primos y la parentela de los cargos públicos o de los trabajadores que ya estaban en nómina. Entran haciendo prácticas y se quedan hasta la jubilación. Lanzarote atraviesa problemas reales de agua, vivienda y servicios básicos. Cada vez que el dinero público se destina a proteger a un cargo y a enchufar a los                cercanos, en lugar de resolver esos problemas, la distancia entre las instituciones y la calle se ensancha. Ya centrados en el servicio público, la política no puede ser un refugio para quien no sabe adónde ir cuando acaba el mandato. Tiene que ser un servicio al que se llega con una vida propia y del que se sale con la cabeza alta. Lamentablemente andan todos entregados a agarrarse a la pata de la silla. Muy poco digno todo, tanto por parte de quien se agarra como de quien lo propicia y lo permite. Oswaldo Betancort, es el empleador, de cuya medida, desconozco  el motivo, dado el nivel, de que no la sometiera, también,  a una encuesta telefónica.