Llevamos más de un año discutiendo sobre las Zonas de Aceleración de Energías Renovables (ZAR) en Lanzarote. Hemos visto mapas, declaraciones enfrentadas, anuncios de paralización y rectificaciones. Sin embargo, seguimos sin resolver qué modelo energético queremos para nuestra isla y quién debe decidirlo.

En julio de 2025, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, firmó con el Gobierno de Canarias un protocolo que identificaba más de 3.100 hectáreas potencialmente aptas para instalaciones renovables. La contestación social y las discrepancias institucionales llevaron al Cabildo a cuestionar aquel acuerdo. En marzo de 2026, junto al Cabildo de Fuerteventura, llegó a rechazar frontalmente el propio modelo de las ZAR por considerarlo incompatible con las características territoriales de ambas islas.

Apenas unos días después, el Cabildo y el Gobierno de Canarias acordaron continuar trabajando mediante una comisión técnica para revisar los mapas y corregir errores. Ahora, una nueva propuesta insular plantea limitar a 164 hectáreas determinados suelos destinados a instalaciones fotovoltaicas.

Tras todo este tiempo, la ciudadanía tiene el derecho de conocer si el Cabildo mantiene las objeciones de fondo que expresó públicamente o considera que han quedado resueltas. La transparencia exige explicaciones porque si han habido cambios, donde antes se rechazaba el modelo y ahora se proponen delimitaciones, Oswaldo Betancort debe explicarlos.

Desconozco las conversaciones internas entre administraciones, pero sí sus posicionamientos y decisiones públicas. Ante esto, la pregunta que me surge es hasta qué punto los compromisos políticos están condicionando la posición del gobierno de Betancort.

Negociar con el Gobierno de Canarias es necesario. Lo que no resultaría aceptable es que termine sustituyendo la definición de una política energética propia para Lanzarote. Oswaldo Betancort debe aclarar qué defiende y qué compromisos está dispuesto a asumir en pos del autogobierno y de la soberanía insular frente a los intereses externos (o de partido).

Desde mi punto de vista, el debate no puede limitarse a decidir cuántas hectáreas ocuparán las instalaciones. Antes de discutir dónde producir energía, debemos decidir cuánta necesitamos, cómo podemos reducir el consumo y quién se beneficiará de su producción.

El Cabildo ya ha presentado criterios técnicos que priorizan las cubiertas, los aparcamientos y otros espacios transformados. Es un avance (tardío) que debe reconocerse. Sin embargo, establecer criterios de localización no equivale a disponer de una política energética insular con inversiones, objetivos medibles y participación ciudadana efectiva.

Debemos conocer y debatir públicamente las previsiones de demanda, las posibilidades reales de ahorro, el potencial de las cubiertas existentes y las inversiones necesarias en redes y almacenamiento. También las alternativas consideradas y sus consecuencias económicas, sociales y ambientales.

La primera responsabilidad corresponde a las administraciones. El Cabildo y los ayuntamientos deberían impulsar un programa coordinado de eficiencia energética y aprovechamiento de sus edificios e instalaciones, con presupuestos, calendarios y resultados públicos.

La transición debe llegar también a las familias, las comunidades vecinales y las pequeñas empresas. No puede quedar reservada a quienes disponen de capital o de una cubierta propia. El asesoramiento público, el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas ciudadanas e independientes deben servir para democratizar la producción y reducir los costes energéticos de la población.

No se puede sustituir la dependencia de los combustibles fósiles por un modelo renovable en el que la propiedad y los beneficios vuelvan a concentrarse en unas pocas manos o en multinacionales. Lanzarote debe aprovechar sus recursos naturales para fortalecer su economía, proteger el territorio y mejorar las condiciones de vida de su población.

El Cabildo Insular debe aclarar su posición definitiva sobre el modelo de las ZAR, explicar cómo quedarán los compromisos adquiridos con el Gobierno de Canarias y establecer un calendario público para desarrollar una estrategia energética insular con participación social e inversiones concretas.

Lanzarote necesita avanzar con decisión en las energías renovables. Pero hacerlo bien exige planificación democrática, responsabilidad institucional y capacidad para defender los intereses soberanos de la isla que habitamos.

Oswaldo Betancort no puede seguir dejando en el aire qué modelo energético defiende el Cabildo que representa. Su responsabilidad no es mantener los equilibrios políticos con el Gobierno de Canarias, sino garantizar que Lanzarote pueda decidir sobre su territorio y su futuro energético.

Ese es el debate que debemos recuperar. Y esa es la responsabilidad que el Cabildo tiene que asumir.

* Portavoz de Lanzarote En Pie