Las licencias se concedieron entre 1998 y 2000, las obras empezaron a partir de esa fecha, los pleitos los pusieron el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique a partir del año 2002 y 2003, aproximadamente, y las sentencias firmes llegaron sobre el año 2007. En 2009, el Cabildo, bajo la presidencia de Manuela Armas, hizo una propuesta de legalización de los hoteles ilegales de Playa Blanca y Costa Teguise a cambio de la adquisición de suelo para desclasificar camas, que no salió adelante, y al año siguiente, con Pedro San Ginés como presidente, se hizo otra propuesta en base a un informe del catedrático Luciano Parejo que también se tuvo que enterrar.

A partir de entonces, el Cabildo optó por desentenderse del problema y dejar el asunto en manos del Ayuntamiento de Yaiza. Yaiza ya tiene su Plan General de Ordenación Urbana aprobado y, por lo tanto, ya hay un marco en el que se puede iniciar de nuevo la ejecución de las sentencias.

Algunos de esos fallos, aunque son pocos, hablan de la reposición de la realidad física alterada pero la mayoría sólo decretan la nulidad de la licencia obtenida y hablan de retrotraer las actuaciones al momento anterior a la licencia, es decir, de intentar conseguir el permiso de nuevo. Los hoteles deben intentar conseguirla licencia en base al nuevo Plan General, o bien afrontar obras de modificación o el derribo parcial o total, en caso de que el edificio no sea legalizable.

Ese proceso ya se inició en Yaiza pero no es sencillo. En primer lugar, porque las sentencias no se pueden eludir simplemente por el hecho de que haya un nuevo Plan. No puede haber desviación de poder. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias no aceptaría que la ilegalidad de las licencias se resolviera cambiando la norma.

Los tribunales, como es habitual, incluso aunque dicten la demolición, no son capaces de ejecutar sus propias sentencias en materia urbanística. El derribo y las posibles indemnizaciones las debería llevar a cabo el propio Ayuntamiento, que es quien dio las licencias.

El Ayuntamiento de Yaiza ya ha empezado a solicitar a los hoteles que presenten mediciones para comprobar si lo que construyeron se ajusta al proyecto inicial

Representantes de Yaiza y del Cabildo se reunieron hace unos meses con varios magistrados del TSJC y de tribunales de lo contencioso administrativo que dictaron las sentencias, para preguntarles cómo debían actuar ante el proceso de ejecución. Los jueces les respondieron que se pronunciarían sobre la ejecución de la sentencia, pero no antes, y el Ayuntamiento debe ejecutar esas sentencias concediendo una nueva licencia, condicionándola a las modificaciones que considere oportunas, o decretando el derribo.

Hay que recordar que también se pronunciará ante los tribunales sobre esas ejecuciones la Fundación César Manrique que es la única institución que solicitó que se llegara hasta el final, y que su posición podría ser determinante, ya que el Cabildo, después de ganar los pleitos, ni siquiera solicitó su ejecución.

El Cabildo, respecto al posible desvío de poder, señalaba en su Informe sobre la legalidad urbanística “Efectos de las sentencias que anulan licencias turísticas”, que “el posible cambio del marco normativo insular no podría tener como finalidad la mera legalización de las ilegalidades cometidas (“legalizar lo ilegal”), sino que debe estar motivado y dirigirse a la consecución de los fines que satisfacen el interés público insular.

Todo el proceso puede ser papel mojado porque el Tribunal Supremo acaba de anular el Plan general de Marbella de 2010, que legalizó 16.500 casas construidas ilegalmente. La sentencia dice que el Plan no tiene potestad para legalizar lo ilegal.

La cuestión ahora es saber cómo se va a hacer el proceso. Yaiza ya ha solicitado a los hoteles y apartamentos con licencia anulada que presenten en la Oficina técnica varios documentos: una certificación visada por un arquitecto de que lo construido se ajusta al proyecto de obra que se concedió en su día, un proyecto de reforma y de adaptación a la nueva normativa que aclare si hay o no exceso edificatorio y si se puede solventar o no, o una certificación de que los proyectos se pueden acoger al anterior Código técnico de la edificación, entre otros documentos.

Representantes de Yaiza y del Cabildo se reunieron con varios magistrados del TSJC que dictaron las sentencias, para sondear cómo actuar ante el proceso de ejecución

Ya hay varios hoteles que han presentado toda la documentación, como el Hotel Volcán o el Rubicón Palace, otros que han presentado una documentación incompleta y otros que no han presentado nada y consideran que se pueden quedar fuera de ordenación, una posibilidad que el Ayuntamiento de Yaiza descarta por completo.

En los casos en que no presenten la documentación será el Ayuntamiento quien deba hacer las mediciones y el diagnóstico. Es un proceso muy lento porque Yaiza sólo cuenta con el equipo redactor del Plan, de Jorge Coderch, y con una arquitecta municipal para todo, sin posibilidad ahora de aumentar la plantilla y con un notable exceso de trabajo, porque además se están recepcionando todas las urbanizaciones.

Algunos hoteles no tendrán incumplimientos flagrantes y podrán obtener la licencia sin muchos problemas, mientras que en otros, seguramente la realidad no se parezca en nada al permiso que obtuvieron. Ante el descontrol, construyeron lo que quisieron. Unos tendrán exceso de camas, que podrían convertir en zonas comunes gracias a la Ley de medidas tributarias, administrativas y sociales del Gobierno de Canarias, que permite encajar así el aumento en la edificabilidad, pero otros tienen varias plantas de más o invaden en parte el dominio público marítimo terrestre.