Una asociación de vecinos de La Bufona, que asegura representar a 14 propietarios afectados por la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a promotor y constructor a derribar parte de las viviendas, ha anunciado que presentará “en estos días” una “reclamación” ante el Ayuntamiento de Arrecife y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), al considerar que son las administraciones responsables de que se ejecutaran las casas.

Las viviendas de La Bufona tenían orden de paralización de la Apmun pero tanto el promotor, Federico Echevarría, como el constructor, Antonio Caro, siguieron adelante y terminaron las casas. Parte de las propiedades se encuentran sobre suelo rústico de protección y la familia Murillo lleva años reclamando que se invadieron terrenos de su propiedad.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, en un auto del pasado 1 de marzo, ha ordenado que se ejecute la sentencia del caso La Bufona, y que tanto Caro como Echevarría procedan a la demolición de las obras que se llevaron a cabo en suelo rústico de protección jable.

El colectivo vecinal, denominado Almadracha, también señaló este jueves que “estudia qué medidas se pueden adoptar no solo contra las administraciones públicas sino también contra el constructor y el promotor de las viviendas”.

El Juzgado ha acordado la “reposición de la realidad física a su estado anterior” en un plazo de seis meses, “prorrogables por causa justificada, debiendo verificarse su cumplimiento a través de informe de la Policía Local de Arrecife”. También recalca que las obras realizadas "no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan”.

En principio, la demolición afectaría a una parte de las casas que está en esa franja y comprendería tanto el muro como las piscinas, pérgolas, pavimento o incluso algunas habitaciones.

En un comunicado, la asociación de vecinos insiste en que tanto el Ayuntamiento como la Apmun no suspendieron ni paralizaron las obras de manera efectiva “por falta de medios”, por lo que consideran que existe una “responsabilidad clara” de ambas administraciones en “permitir la construcción de las viviendas, permitiendo asimismo que personas con absoluto desconocimiento de lo que pasaba compraran las viviendas que ahora pretenden demoler parcialmente”.

En ese sentido, desde la asociación recalcan que son “terceros de buena fe”, que las viviendas tenían licencias de obra y de primera ocupación, y aseguran que “no descansarán hasta ver que se hace verdadera justicia con esta urbanización abandonada por el Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de recibir el pago de sus impuestos”.

“Los verdaderos condenados”

Además, los propietarios de las casas que sufrirán demoliciones parciales han mostrado su “desilusión” con la sentencia, ya firme, puesto que sostienen que se ha dictado dentro de un procedimiento penal “en el que no han participado como perjudicados a pesar de estar en juego parte de sus viviendas”. En su opinión, son “los verdaderos condenados sin ser escuchados”.

Así, afirman que “es lamentable ver como aquellos que han sido condenados salen del proceso con una sentencia más favorable que aquellos que no tuvieron esa oportunidad por el Juzgado y que verán derribada parte de sus casas”.