Una quincena de perros han sido acogidos por asociaciones de Lanzarote después de que la Guardia Civil cerrase una perrera en Fuerteventura. Se trata de 12 adultos y tres cachorros.

La patrulla del Seprona de Fuerteventura procedió la semana pasada, junto con la veterinaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a una inspección de las instalaciones de una protectora de animales ubicada en la localidad de Puerto Lajas, en el municipio de Puerto del Rosario.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de una intervención anterior que se había realizado, el pasado 7 de agosto, en otras instalaciones de la misma protectora de animales. En ese caso, la protectora lanzaroteña Sara acogió a ocho cachorros y un adulto.

Ante la posible existencia de otro delito similar por tratarse de la misma protectora, los componentes del Seprona realizaron una inspección administrativa en otro lugar utilizado por la acusada, acompañados en esta ocasión por una veterinaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Durante la inspección el Seprona comprobó que las instalaciones “no eran las adecuadas” ni tampoco “las condiciones higiénicas sanitarias”, por lo que se decidió la retirada de los animales.

Por todo ello los componentes del Seprona procederán a la imputación de la dueña de las instalaciones, una persona de iniciales G.C. y nacionalidad extranjera, por un supuesto delito de maltrato animal, al poseer en su propiedad varios animales domésticos “en condiciones que menoscaban gravemente la salud de los mismos”.

Dicho delito puede conllevar penas que van desde los tres meses al año año de prisión, así como una inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Paralelamente se comprobará, mediante  la base de datos ZOOCAN (Registro Canario de Identificación Animal), las identificaciones de los animales incautados mediante los preceptivos microchips, para comprobar si sus legítimos dueños han presentado las correspondientes denuncias por su sustracción o desaparición.

En el caso de que los propietarios hayan denunciado, se procederá a contactar con los mismos para que retiren el animal. En el caso contrario, serán denunciados.

Del resultado de las investigaciones se ha realizado el pertinente atestado policial para el Juzgado de Instrucción competente, de la localidad de Puerto del Rosario, y para la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.