Una familia de Argana Alta se enfrenta a ser desahuciada por ejecución hipotecaria este viernes 20 de septiembre, sin alternativa habitacional alguna, veinte años después de que adquieran su vivienda con un préstamo hipotecario de la entonces entidad Bancaja.

La familia, con cuatro hijos, firmó un préstamo hipotecario de interés variable en 2004 por una cuota mensual de 300 euros que fue ascendiendo hasta los más de 700 euros que tendrían que abonar hoy en día, con un único ingreso de 1.200 euros al mes procedente del trabajo de mantenimiento en hoteles del cabeza de familia.

En 2014 comienzan los problemas económicos de la familia y a tener dificultades para abonar las cuotas de la hipoteca, sin que se planteara nunca una posibilidad de negociación con la entidad bancaria. Una situación que les lleva a los juzgados y a contratar a un despacho de abogados que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Al poco tiempo tenían ya la orden de lanzamiento que intentaron paralizar por vulnerabilidad. Una solicitud que fue denegada por el juez al entender que con los ingresos del cabeza de familia era suficiente hacer frente a la hipoteca, a pesar de contar con cuatro hijos a los que mantener.

Fathia y su marido se sienten “engañados” por el banco, al tiempo que la inacción de los abogados que contrataron inicialmente les ha llevado a una situación límite. También reprochan que en ningún momento se hayan puesto en contacto desde el Juzgado o la entidad bancaria para conocer sus circunstancias personales.

De igual forma, señalan que el informe de vulnerabilidad presenta deficiencias, dado que en el mismo se refleja que cuentan con una alternativa habitacional en Barcelona que, sin embargo, “no es viable”, puesto que no existe posibilidad de albergar la familia en una vivienda donde ya residen otras seis personas.

La familia, que ha acudido en última instancia a la asociación Ahinor, lleva mucho tiempo buscando una vivienda donde realojarse, pero no han encontrado nada y las administraciones publicas dicen no tener recursos. En la actualidad, la hipoteca de la familia está en manos de un fondo buitre con el que se intentó negociar un alquiler social, pero que solo está interesado en que abandonen la vivienda.

La abogada Estela Fernández, de la asociación Ahinor, explica que el principal problema al que se enfrentan familias como la de Fathia es que “Servicios Sociales no cuenta con alojamientos alternativos para dar cobertura a estos casos de desahucio en ningún municipio. Las familias no tendrían que ser desalojadas sin tener una opción ocupacional”.