Todos los partidos políticos de la oposición, salvo Nueva Canarias, cuyo consejero Juan Manuel Sosa, apenas intervino en un pleno extraordinario que duró más de tres horas, criticaron con dureza cómo se había producido la incautación de la desaladora de Montaña Roja en septiembre del año pasado. Uno de los argumentos que utilizaron varios portavoces fue el riesgo de que el Cabildo se termine enfrentando al pago de indemnizaciones.

José Juan Cruz, portavoz del PSOE, destacó que la incautación de la desaladora a Club Lanzarote fue una medida adoptada de forma “unilateral e imprudente”, una “muestra más de la osadía que caracteriza al presidente”, sin “debate previo en el Consejo Insular de Aguas” y “sin garantías”.

El portavoz socialista consideró “fundadas las acusaciones de temeridad al presidente, que pone a los pies de los caballos al Cabildo ante la posibilidad de indemnizaciones”. Para Cruz Saavedra, lo relevante no son ya “las explicaciones” sino “la resolución judicial” en los procedimientos abiertos por la incautación de la desaladora.

El portavoz de Podemos, Carlos Meca, afirmó que la privatización del servicio de abastecimiento de agua en Lanzarote fue “la mayor estafa cometida en la Isla, un gran atraco de CC con la complicidad del PSOE” y sostuvo la tesis de que la incautación, que a su juicio tuvo “ingredientes” de “corrupción con mayúsculas”, estuvo motivada para que Canal Gestión “aumentara su volumen de negocio”.

Meca responsabilizó al abogado Ignacio Calatayud, del que dijo que “se ha convertido en millonario por obra y gracia del bondadoso San Ginés”, de tener “interés” en contentar “a sus jefes de Canal Gestión”. También tachó de “chapuza” el “asalto a la desaladora”, acusó al presidente de tener una “capacidad de mentir infinita” y resaltó que el secretario del Cabildo también declaró en el Juzgado no hubiera incautado sin un informe jurídico escrito previo.

El portavoz de Podemos consideró que el Consorcio del Agua “podía haber asumido la planta incluso subrogándose trabajadores” pero que se prefirió “elegir lo privado”, en alusión a Canal. Meca preguntó “por qué no se convocó al Consejo Insular de Aguas” antes de incautar y por qué no se dio “audiencia a los afectados” e interpeló a San Ginés sobre si ya “recordaba quién redactó la resolución” de incautación, que ningún imputado ha reconocido haber elaborado, “o continúa con amnesia selectiva”.

“Por encima del bien y del mal”

Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Vázquez, criticó que se hubiese “asaltado una propiedad privada sin autorización judicial” y recordó que su fuerza política ya advirtió en su día de las posibles consecuencias de la medida. “La prudencia no forma parte de su conciencia”, le espetó al presidente.

“Queda esperar a que los tribunales digan el desenlace final y esperamos que el Cabildo no sea responsable subsidiario de las irresponsables decisiones del presidente”, añadió Vázquez, quien arremetió contra San Ginés afirmando que actúa por “capricho” y creyendo “que está por encima del bien y del mal”. Vázquez también pidió al presidente que se replantee el “asesoramiento externo” de Calatayud, de quien dijo que “no ha ganado nada” en los tribunales.

El portavoz de Somos, Tomás López, criticó el “hedor que desprende la incautación de la desaladora”, “a las bravas, sin autorización judicial y rompiendo el candado”, y también consideró que han primado “intereses privados” en la medida cautelar, al tiempo que cuestionó el papel jugado por Calatayud.

En su intervención, López cuestionó la falta de “ética” de que el citado abogado externo asesorase “sobre las decisiones públicas de la incautación” y bajase “como un sheriff a Playa Blanca” mientras estaba contratado “por la empresa que termina quedándose con la planta desaladora”.

Comparación con la Cueva

Benjamín Perdomo, portavoz de Ciudadanos, puso en duda que la planta desaladora de la urbanización de Montaña Roja fuera un equipamiento “público” en la actualidad, uno de los argumentos tanto del letrado externo como del secretario para avalar la medida de la incautación. “Si el plan parcial no está recepcionado” por el Ayuntamiento de Yaiza, la desaladora “no es pública”, defendió. El criterio de los citados juristas es de que si se trata de una instalación pública aunque la urbanización no esté entregada al Consistorio.

Durante el pleno salió a relucir en varias ocasiones la comparación de la incautación de la desaladora a Club Lanzarote con el litigio por la Cueva de los Verdes, que terminó con una sentencia en primera instancia que obliga al Cabildo a abonar una indemnización al Ayuntamiento de Haría que se llegó a estimar en unos 12 millones. “Esta vez no tendrás a Marci Acuña (nuevo alcalde de Haría) para que te salve”, ironizó Perdomo.