El presidente del Cabildo de Lanzarote solicita a la presidenta insular y consejera del Partido Popular (PP) en la primera corporación insular, Ástrid Pérez, y a su compañero de escaño, Emilio Bermúdez, “que pongan en conocimiento bien de la presidencia o bien de los órganos competentes para ello, el nombre de las empresas de la isla que les consta que están vendiendo agua a terceros tal y como reconocieron en el transcurso del pleno de la Corporación, por tratarse de una actividad ilegal que debería ser objeto de sanción por parte del Consejo Insular de Aguas”.

En concreto, durante la celebración plenaria referida, en el transcurso de la comparecencia del presidente del Cabildo para explicar el proceso de incautación de la desaladora del Plan Parcial de Montaña Roja, la consejera del PP en su intervención manifestó que ”hay otras desaladoras que venden agua a terceros”, para preguntar a continuación a San Ginés si se va a proceder también a su cierre, “porque si no lo hacen habría un agravio comparativo y una presunta prevaricación porque hay más desaladoras privadas que venden agua”.

Ante esta afirmación y el requerimiento del presidente de la Corporación para que la consejera diera los nombres de las desaladoras que venden agua a terceros de forma ilegal puesto que no tienen autorización para ello, Astrid Pérez manifestó su negativa al igual que el consejero del PP, Emilio Bermúdez quien reconoció conocer otras empresas que venden agua a terceros y ser cómplice de esa actividad por cuanto explicó que “yo sí le puedo decir que he tomado agua comprada a una potabilizadora”, aunque, al igual que su compañera de partido, declinó dar el nombre de la empresa infractora porque “la misión de saber quien vende agua la tienen ustedes, no nosotros”.

En este sentido, desde la Presidencia del Cabildo se recuerda que el artículo 48 del Código Penal establece que “la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”, por lo que esperan “que los consejeros que están incurriendo en este tipo de infracción recapaciten y cumplan con su obligación de denunciar el conocimiento de un delito”.