Ante la petición registrada en el Cabildo, el pasado miércoles, por el grupo político socialista en el Cabildo de Lanzarote solicitando al presidente un informe sobre la compatibilidad del borrador del Plan Insular entregado en agosto con las normas territoriales de la comunidad autónoma de Canarias y con los planes sectoriales, Pedro San Ginés destaca que “no ha tardado más de 48 horas en dar respuesta a esta solicitud urgente”.

A última hora del pasado viernes, el presidente del Cabildo remitió al PSOE el informe solicitado "con urgencia" del Director Insular de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Santana, “incluso antes de que se reuniese la mesa del pacto de Gobierno que estaba prevista celebrarse este pasado sábado y que nuevamente pospuso el PSOE y sigue sin celebrarse”.

En dicho informe, el director insular señala “la sorpresa” que le causa los términos en los que se plantea la pregunta del grupo socialista. El asombro viene dado porque según recuerda el director en su escrito, “es el propio pliego de condiciones”, de un contrato adjudicado bajo la presidencia de la socialista Manuela Armas, apunta San Ginés, “el que determina la obligatoriedad a someterse al marco legal vigente”. Es decir, a las normas territoriales de la comunidad autónoma.

Santana abunda en su escrito que tampoco se llega a entender la “doble petición de informe” que hacen tanto al propio director insular, como al director del equipo redactor del Plan Insular de Ordenación, José María Ezquiaga.

En primer lugar, argumenta que es “obvio” que entre sus obligaciones está la de “velar por el ajuste del documento a la legislación aplicable”, y en segundo lugar, porque el equipo redactor “está sometido al pliego de condiciones técnicas” citadas y “la presunción de legalidad del documento para su aprobación inicial es una condición inherente al mismo”.

De igual forma, en su consideración cuarta, el informe determina que “resulta difícil de entender el alcance de lo solicitado”, llegando a calificarlo de “extemporáneo” y revela que “desconoce los controles de legalidad que se harán en el trámite de consulta, máxime cuando el PSOE aprobó el documento de Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) en el año 2010 y nuevamente en 2013 sin cuestionarse nunca semejante compatibilidad”.

Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental que, según el director insular, “hubo de adaptarse tras los requerimientos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que volvió a ser aprobado por el pleno de la Corporación, sin que hasta la fecha hayan solicitado informes al respecto”.

El informe concluye afirmando que “sin perjuicio del control de legalidad sectorial que se hará por las distintas administraciones autonómicas, locales y estatales en el citado trámite de consulta, cabe decir que a priori cumple formalmente con la aplicación de la legislación”. Es decir, informa positivamente sobre la compatibilidad del documento del PIOL entregado por el redactor con la normativa autonómica y sectorial.