El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha asegurado este martes que desea que el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja se celebre "cuanto antes", para defender que tomó una decisión que creía "justa".

San Ginés se enfrenta a una petición de condena de la acusación popular, ejercida por Podemos, de 12 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. La acusación considera que la incautación fue “ilegal, al margen de la ley y omitiendo todos los trámites obligados”.

"Tomé la decisión que consideré más adecuada y justa. La qué el secretario de la Corporación y el asesor jurídico me indicaron previamente que era posible, legal y sin orden judicial, tal y como declararon en sede judicial. Esto es la incautación de la desaladora", afirmó el presidente del Cabildo.

El presidente del Cabildo dice que confía "plenamente en los tribunales" y sostiene que, en un caso como este, "es imposible" que les condenen al secretario del Cabildo, Francisco Perdomo; al entonces gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín; y a él por lo que decidieron en 2014.

"Podemos habernos equivocado, pero jamás hemos actuado a sabiendas de una injusticia, que es por lo que se nos acusa, por prevaricación", defiende San Ginés.

El presidente del Cabildo subraya que, a raíz de la intervención de esa desaladora privada por parte de la administración insular, en este momento "hay 5.000 vecinos que cuentan con una facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos de Lanzarote".

“El Consorcio del Agua de Lanzarote dispone ahora de un canon de 400.000 euros, fondos que nos han permitido entre otras cosas subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias", apunta, en referencia a los acuerdos a los que el Cabildo llegó tiempo después con Club Lanzarote, la promotora de la urbanización, que interpuso la querella y luego se retiró de la causa.

San Ginés insiste en que tomaron las decisiones que tomaron "compelidos reiteradamente tanto por el Diputado del Común, como por el Gobierno de Canarias, que venían denunciando al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote por inacción ante una actividad ilegal, la venta de agua a terceros sin control".

A su juicio, el hecho de que la Fiscalía haya solicitado también el archivo de la causa demuestra, en su opinión, que "esto es un juicio político que contra todo pronóstico, si se celebra, será solo a instancias de la formación política Podemos".