El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha declarado este lunes como testigo en la vista oral del caso Stravs. La Fiscalía y la acusación particular le han preguntado por los informes que se elaboraron desde el Cabildo para la instrucción del caso a solicitud de la jueza instructora, Silvia Muñoz. La respuesta más común durante la comparecencia de San Ginés ha sido la de que no se acuerda de apenas nada de lo relacionado con esos informes.

Muñoz solicitó en 2014 a una jurista del Cabildo de Lanzarote, Joana Macías, que emitiera, en calidad de perito, un informe sobre la posibilidad de legalización de la bodega y sobre cómo le afectaba el Plan Especial de La Geria. La jueza no pedía el informe al Cabildo, sino a esa técnico en concreto. El informe de Macías consideraba que la bodega era ilegalizable y que el Gobierno de Canarias no debía haber aprobado el Plan Especial del espacio protegido al no seguir el procedimiento legalmente establecido. En su remisión al Juzgado, San Ginés añadió que el informe excedía “el objeto de lo solicitado” y tenía “errores” de contenido.

En una providencia posterior, la jueza Sivia Muñoz señaló que no era admisible “valoración alguna por personas ajenas a la misma o no designadas como peritos” y que “la supervisión institucional pudiera suponer la incursión en la independencia pericial que debe primar en todo informe, siendo responsable exclusivamente el perito suscribiente de las valoraciones y razonamientos que el mismo contenga, protegiendo las leyes procesales tal independencia”.

Este lunes, San Ginés respondió que “parecía lógico” supervisar ese informe aunque no aclaró el motivo de por qué ordenó supervisar unos informes y otros no. “Debía ser supervisado porque se habían apreciado errores de contenido”, contestó San Ginés. Primero contestó que no recordaba quién apreció esos errores porque “hace muchos años de eso” pero después admitió que fue el director insular del territorio, Miguel Ángel Santana, que es un cargo político. Tampoco recuerda San Ginés si tomó medidas contra Stratvs, si pidió más informes o si la trabajadora del Cabildo Delia Fernández, que elaboró otro informe sobre lo mismo, era la sobrina de unos de los abogados de Rosa, Felipe Fernández Camero.

San Ginés se ha ofrecido a entregar una documentación al tribunal, algo que no pueden hacer los testigos. Tampoco recuerda haber ordenado que se enviara una circular que obligaba a los técnicos del Cabildo a entregar a los servicios jurídicos esos informes para su validación. “No lo recuerdo pero no lo niego”, puntualizó. No obstante, sí recordaba perfectamente haber pedido un informe al director insular y remitirlo al Ayuntamiento de Yaiza, e incluso recordaba con exactitud su contenido.

Igualmente, el ex presidente no recordaba haber dicho públicamente que Joana Macías ponía al Cabildo “a los pies de los caballos” o que era un peligro para la institución. Sobre ls destitución de Leopoldo Díaz como director de la Oficina del PIO dijo que no estaba relacionada con sus informes sobre el Plan de La Geria sino que fue una “voluntad política” aunque los tribunales le obligaron después a restituirlo en su puesto.

Francisco Fabelo, exconsejero de Agricultura.

Francisco Fabelo

Otra de las cuestiones que sí recuerda es la queja que presentó ante la Fiscalía contra el fiscal Ignacio Stampa para defender “la honorabilidad” de Francisco Fabelo, que fue el siguiente en declarar. Esa queja se presentó por un documento del fiscal en el que pedía al Ministerio de Medio Ambiente un informe sobre los daños a los valores del paisaje protegido de La Geria que hubiera producido la Bodega Stratvs. El fiscal justificaba esa petición para garantizar la imparcialidad y objetividad, frente a la posible solicitud del informe al Gobierno de Canarias o al Cabildo, en que el órgano gestor del espacio protegido depende directamente de Fabelo, como consejero de Medio Ambiente y a su vez éste aparece vinculado laboralmente al principal imputado del caso y propietario de la bodega. Destacaba Stampa que Rosa invocó como testigo a Fabelo “en beneficio de sus intereses” en el acto de la diligencia judicial de inspección técnico pericial llevada a cabo en febrero de 2013.

Como la Fiscalía sostuvo que no se podía confiar ni en el Gobierno, en el que había varios imputados, ni en el Cabildo para informar sobre los daños de Stratvs, San Ginés consideró que se trababa de un ataque contra la integridad de Fabelo, que así lo ha reiterado él mismo este mismo lunes en su declaración como testigo. Fabelo contestó que se sintió dañado y ofendido, tanto él como los trabajadores de su departamento, porque la Fiscalía cuestionaba que él era capaz de influir sobre esos técnicos.

El ex consejero de agricultura del Cabido admitió que fue el “impulsor” de Finca de Uga y que no dejó de tener contacto con algunas personas cuando ejerció un cargo público “sin estar contratado por ellos”. El tribunal denegó a la abogada de la acusación popular la posibilidad de elaborar algunas preguntas encaminadas a demostrar la influencia de Juan Francisco Rosa sobre instituciones como el Cabildo, porque iban dirigidas a testigos y no a imputados.

6.000 euros por la finca

Durante la mañana han declarado cinco testigos más. José Juan Negrín Ramos, propietario de de una parte de los terrenos donde está la bodega, ha relatado que Rosa le ofreció 6.000 euros por el suelo, en pagarés de mil euros. El año pasado acabó comprando ese mismo suelo por 80.000 euros. Dijo que nadie más se puso en contacto con él y que su tío Domingo, “por su forma de ser”, hablaba en nombre de todos pero no les representaba en cuanto a su parte de la finca.

También declaró una técnico de medio ambiente del Cabildo, un trabajador del catastro, una vecina que vendió otra finca a Juan Francisco Rosa y un policía local de Yaiza ya jubilado. La vista oral se reanuda el 3 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria y vuelve al Palacio de Justicia de Arrecife el día 12 para celebrar otras tres sesiones más durante el próximo mes, en las que declararán los peritos.