Tras la decisión del Juzgado de lo contencioso de negar la medida cautelar de suspender la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, afirmó que con esta resolución judicial “parece entenderse, en contra de lo que muchos han vociferado en estos días, que existen visos de legalidad suficientes para respaldar la actuación del Consejo Insular de Aguas”.

San Ginés aseguró que “en todo momento” se ha pretendido “cumplir y hacer cumplir la ley, asegurando como principal premisa el abastecimiento de agua potable al que tienen derecho los vecinos de Montaña Roja, en las mismas condiciones de calidad y precio que el resto de los lanzaroteños”.

En este sentido, San Ginés mostró su “estupefacción” y reprobó con rotundidad el comunicado emitido por la patronal turística Asolan en el que “asegura de forma totalmente gratuita que la medida adoptada no se atiene a las más mínimas normas legales, cuando el juzgado, hasta la fecha, parece respaldar la actuación con este auto, además de actuar, en todo momento, siguiendo las indicaciones de nuestros servicios jurídicos”.

Insistió, por otro lado, en que “es del todo intolerable que la presidenta de la patronal se permita afirmar que la administración, en referencia al Cabildo y al Consejo Insular, han dado con premeditación una imagen dañina, en un alineamiento incomprensible con una ilegalidad manifiesta”.

“Y menos aún se puede entender un comunicado tan desatinado después de haber solicitado a la Presidencia del Cabildo una reunión para conocer los detalles y motivo de la incautación, reunión a la que se ha accedido” y que fue convocada a primera hora del pasado viernes para el próximo viernes, día 3 de octubre, tal y como se informó públicamente.

Por lo que respecta al comunicado de Alternativa Ciudadana, San Ginés asegura que “es falso, al menos que tengamos conocimiento, que exista ninguna otra desaladora en la Isla que venda agua a terceros-particulares, es decir, que se facturen recibos de agua de abasto o saneamiento a viviendas”.

Además, considera que en 2011, cuando lo solicitó Alternativa, “no era posible que Inalsa abasteciera al Plan Parcial Montaña Roja por múltiples razones, entre ellas, porque la Isla se encontraba en emergencia hídrica, con permanentes cortes de agua, y sin ningún control  de la administración sobre una empresa que se encontraba en proceso concursal e intervenida por la justicia, por tanto, sin capacidad técnica alguna para asumir el control del sistema integral del agua ahora incautado”.

Por último, en cuanto a las “desacertadas declaraciones y reacciones” de Nueva Canarias, el presidente recordó que esa formación política cogobierna en el Ayuntamiento de Yaiza “donde su portavoz, me consta, no solamente conoce sino que comparte y aplaude la medida”.