La alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la Corporación para que exijan responsabilidades económicas a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), por el cambio de criterio de la citada agencia con respecto a la altura máxima autorizable en determinadas parcelas del parque comercial e industrial de Playa Honda.

El Ayuntamiento de San Bartolomé, según ha explicado Corujo, es titular de diferentes parcelas en la zona comercial e industrial de Playa Honda, como consecuencia de las cesiones obligatorias derivadas de los procedimientos de urbanización que se han desarrollado en la localidad.

Entre esas parcelas se encuentran dos que fueron cedidas gratuitamente al Cabildo con la finalidad de contar con naves para acoger a emprendedores y empresas con proyectos vinculados a la estrategia de desarrollo industrial de Canarias.

Una vez redactado por el Cabildo el correspondiente proyecto, y obtenidos los informes favorables de los servicios municipales, se remitió copia del proyecto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la emisión de la autorización en materia de servidumbres aeronáuticas.

El organismo estatal contestó de forma favorable, pero limitando la altura a 4,5 metros, lo cual contradice lo dispuesto por la normativa del polígono industrial, que admite una altura máxima de 10,5 metros.

La alcaldesa ha declarado que “este cambio de criterio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea supone una reducción importantísima del valor de algunas parcelas que forman parte del patrimonio municipal y entendemos que se trata de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la administración, en este caso del Ministerio de Fomento, del cual depende la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”.

Corujo ha advertido que “el Ayuntamiento no va a permanecer impasible ante esta situación y emprenderá cuantas acciones sean necesarias en defensa de sus intereses” y ha recordado que “la convivencia entre el aeropuerto y el municipio debe construirse desde el respeto y la buena fe de todas las administraciones implicadas”.