El Ayuntamiento de San Bartolomé ha amenazado con emprender acciones legales si sale adelante un cambio en el reparto de los beneficios que generen los parques eólicos de la empresa pública Inalsa, tal y como propuso la Comisión técnica del cambio de modelo energético, que asesora al Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos.

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha reclamado el pago de tributos por la utilización de suelo municipal para la instalación de los parques eólicos y la respuesta de la citada Comisión ha sido proponer un nuevo reparto del nueve por ciento de los ingresos generados por la venta de energía, de tal manera que a San Bartolomé se le descontase lo cobrado por tasas y licencias de obra.

En el pleno municipal de este lunes salió adelante una declaración en la que se advierte de que, “en el supuesto caso” de que se adopte la citada medida de reparto de ingresos de los parques eólicos, el Ayuntamiento llevaría a cabo “acciones judiciales” para defender “los intereses generales de San Bartolomé”.

En el pleno de San Bartolomé se alinearon PSOE, PIL, Somos e IU mientras que se abstuvieron CC, Partido Vecinal, PP y Óscar Pérez

En la sesión plenaria se produjo una ruptura en el voto dentro del grupo de gobierno: PSOE y la concejal por el PIL, recientemente expulsada, respaldaron la iniciativa, en la medida en la que partió de los propios concejales socialistas, y también votaron a favor los concejales de Somos Lanzarote e Izquierda Unida.

Por el contrario, se abstuvieron los concejales de Coalición Canaria, socios de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, así como los concejales del Partido Vecinal para el Progreso y el edil Óscar Pérez, que durante este mandato se han integrado en la organización nacionalista. El PP también se abstuvo.

En la declaración aprobada por el Ayuntamiento se tacha de “represalia” el nuevo reparto de los ingresos que generen los parques eólicos en suelo municipal, con la intención de detraer de lo que corresponde a San Bartolomé en concepto de canon urbanístico.

Además, se advierte de que esa modificación en la distribución del nueve por ciento de los ingresos que se reparte entre las instituciones locales de la Isla supondría una alteración de las condiciones con las que Inalsa concurrió al concurso eólico del Gobierno de Canarias y “podría acarrear la resolución de la adjudicación” a la empresa pública de los parques “por incumplimiento culpable”.

'Vulnerar' el concurso eólico

San Bartolomé recuerda que la empresa pública Inalsa, como promotora de los parques eólicos, “no disponía de suelo” y para acudir al concurso eólico del Gobierno era “preceptivo” acreditar que, o bien se tenían terrenos en propiedad o bien se contaba con suelo disponible.

Por ello, los ayuntamientos, que junto al Cabildo son los miembros del Consorcio del Agua, a su vez propietario de Inalsa, firmaron en exclusiva la puesta a disposición de los terrenos municipales, y rechazaron acuerdos con otras empresas privadas que también concurrieron al concurso eólico convocado en el año 2007.

Ahora, San Bartolomé insiste en que por haber aportado suelo municipal, Inalsa obtuvo mayor puntuación que el resto de empresas. Si se llega a adoptar un nuevo reparto de los ingresos de los parques eólicos “se estaría incumpliendo de manera unilateral el citado acuerdo” de puesta a disposición de los terrenos “y también se estarían vulnerando las bases del concurso eólico que obliga a la adjudicataria Inalsa a destinar a los ayuntamientos de la Isla el nueve por ciento de los ingresos generados por la venta de energía”.

En ese sentido, el Ayuntamiento hace hincapié en que “nada tiene que ver” el reparto económico acordado en su momento, del que a San Bartolomé le correspondería un 14,1 por ciento, por su peso en el Consorcio del Agua, con “las liquidaciones giradas en concepto de canon urbanístico”, por la utilización de suelo municipal para la instalación de los aerogeneradores.

El Ayuntamiento defiende la “legalidad” de cobrar por dos parques eólicos de 9,2 megavatios, “a ubicar en suelo de titularidad municipal”, por un “canon de obligado pago que imponía directamente una ley autonómica vigente en el momento” en el que se aprobaron las liquidaciones de los tributos, “y que los tribunales han declarado mediante sentencias que son ajustadas y conformes a derecho”.

“Responsabilidad”

En su declaración aprobada este lunes, el Ayuntamiento recuerda a los miembros de la Comisión técnica para el cambio de modelo energético y a la empresa Inalsa “de la responsabilidad en la que podrían incurrir” si se modifican los acuerdos establecidos, “por vulneración clara, manifiesta e intencionada de los principios de buena fe, confianza legítima y de las bases que rigen el concurso eólico”.