El Ayuntamiento de Yaiza ha transmitido personalmente a Costas la solicitud “documentada” relativa al reconocimiento de los pueblos de Playa Quemada y El Golfo “como núcleos urbanos”.

La alcaldesa, Gladys Acuña, volvió este lunes a sede ministerial en Madrid para exponer ante el director general de Costas, Pablo Saavedra, con la mediación del senador por Lanzarote, Óscar Luzardo, que el gobierno municipal “no descansará hasta conseguir que ambos pueblos costeros obtengan dicha consideración”.

Aprovechando que el pasado 11 de octubre el Boletín Oficial del Estado publicaba el nuevo Reglamento General  de Costas, aprobado previamente por el Consejo de Ministros, el Ayuntamiento solicitó una nueva entrevista con el director general de Costas para analizar “qué encaje podrían tener los dos pueblos situados en término municipal de Yaiza”.

Pablo Saavedra, que manifestó a la delegación lanzaroteña su “disposición a colaborar”, trasladó que “no puede garantizar nada hasta estudiar los informes técnicos sobre los dos pueblos que en este momento redacta el Ministerio de Medio Ambiente”.

“No nos vamos a cansar y seguiremos luchando por los dos núcleos, por supuesto, con la ayuda del senador Óscar Luzardo, que también ha demostrado su compromiso con la defensa de los intereses de los vecinos de Playa Quemada y El Golfo”, declara Gladys Acuña.

La Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, para el caso concreto de Playa Quemada, emitió un informe concluyente sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Costas, de 1988, tanto en su clasificación como en los servicios requeridos para su consideración como núcleo urbano a los efectos de aplicarle una servidumbre de protección  a 20 metros del litoral y no a 100 metros como se propone actualmente.

El grupo de gobierno de Yaiza siempre ha pedido la reducción del deslinde en dichos pueblos argumentando “que son núcleos consolidados antes del año de aplicación de la Ley de Costas del 88 sin perjuicio del espíritu de la nueva Ley, en el sentido de dar mayor protección al litoral y seguridad jurídica a los propietarios de viviendas cercanas a la ribera del mar”.