Agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería en colaboración con las de Barcelona y Arrecife han culminado la denominada ‘operación Guayacanes’, con la detención de los dos últimos integrantes “de la organización criminal desarticulada en diferentes puntos de la geografía insular y peninsular”.

Según fuentes policiales, la banda se dedicada a favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos dominicanos, así como a la obtención de autorizaciones de trabajo fraudulentas por parte también de ciudadanos dominicanos.

En la operación policial se ha procedido a la detención de un total de 15 personas, todas ellas de origen dominicano, produciéndose los arrestos de manera simultánea en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, así como en  la ciudad de Barcelona.

Los detenidos son Ángel Roberto P.R, Juan Manuel A.L, José Eugenio C.L, Elisabeth C.L, Bárbara L.L, Carlos Manuel L.C, Juan Manuel B.A, Hairo Joel G, Kelvin Rafael H.D, Dilson Santiago H.D, Yokasta O , José C.P, José C.L, Johanna Alexandra R.H y Willy Oscar S.A.

La investigación se inició el año pasado, cuando se pudo comprobar que dos ciudadanos dominicanos que habrían entrado en España con visado de residencia y trabajo como “jugadores profesionales” de un club de baloncesto de Lanzarote denominado ‘Guayacanes’.

Sin embargo, “realmente nunca habrían jugado profesionalmente para el citado club dado que, según comunicó la Federación Canaria de Baloncesto, en los años de llegada de dichos extranjeros a Lanzarote, el club no estaría siquiera federado”.

Se comprobó  además que los dos supuestos jugadores habrían sido dados de alta ante la Seguridad Social y dados de baja de manera casi inmediata, “con la finalidad de aparentar normalidad laboral”.

Entrada “fraudulenta” en el país

A raíz de estas averiguaciones, la Policía comprobó  que más extranjeros de nacionalidad dominicana habrían también franqueado la frontera española de esta manera “fraudulenta”, haciéndose pasar por jugadores de baloncesto profesionales.

Según se ha podido comprobar, el sistema consistiría en presentar ante la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas y la Dirección Insular de Lanzarote contratos de trabajo como jugadores de baloncesto a favor de ciudadanos dominicanos en su país de origen.

Además, se apoyaban los contratos laborales “con falsos contratos de patrocinio con empresas e incluso con el propio Ayuntamiento de Arrecife para aparentar solvencia económica con la que hacer frente a dichos fichajes”.

Una vez que el supuesto jugador se encontraba en la Isla era dado de alta ante la Seguridad Social con la finalidad de tramitar la correspondiente autorización de residencia y trabajo, “ocurriendo que de manera casi inmediata, una vez obtenidos los papeles, eran nuevamente dados de baja”.

“Falsos contratos de trabajo”

De la misma manera se pudo comprobar que el fraude llevado a cabo no solo era utilizado para introducir en España a ciudadanos dominicanos desde su país de origen sino que además se aplicaba a ciudadanos dominicanos que encontrándose regularmente en España carecerían de autorización de trabajo.

Así, los clubes de baloncesto vendían “falsos contratos de trabajo a dichos ciudadanos con la finalidad de presentar dichos contratos con falsos patrocinios ante la Administración, ocurriendo que el jugador profesional de baloncesto no era en ningún caso federado, evidenciándose así el engaño al que era sometida la Administración”.

La citada “organización criminal” aprovechaba la existencia real de los citados clubes de baloncesto, ‘Guayacanes’ y ‘Quisqueya’, que jugaban la liga insular de Lanzarote, de aficionados, para “realizar falsas ofertas de empleo en calidad de jugadores o entrenador”.

El objetivo era facilitar “el acceso a territorio nacional de extranjeros desde su país de origen, la República Dominicana en todos los casos, bien para una vez en España facilitar la renovación de la autorización de residencia o incluso solicitar el cambio de modalidad de autorización de residencia a autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena”.

De esta manera, lograban “que los extranjeros que obtuvieran fraudulentamente dicha autorización pudieran pasar a trabajar legalmente en España sin levantar sospechas de cómo habrían obtenido el citado permiso”.

Lazos familiares entre detenidos

Una vez centrada la investigación en las personas con responsabilidad y gestión en los clubes de baloncesto se evidenció un vínculo familiar entre todos ellos, presentando los diez directivos de ambos clubes lazos familiares entre los mismos.

El considerado por la Policía “patriarca del clan”, José C.P., tesorero del ‘Guayacanes’, habría tenido un hijo en común con Yokasta O., vocal del mismo club, la cual a su vez habría contraído matrimonio con otra hija del antes citado, Elizabeth C.L., tesorera del ‘Quisqueya’, “con la finalidad de regularizar su situación en España, siendo esta última pareja real con la que además tendría un hijo de uno de los supuestos jugadores del club de baloncesto mencionado”.

El “principal cabecilla” de la trama sería el detenido en fechas recientes José C.L., presidente del ‘Quisqueya’ y secretario del ‘Guayacanes’, el cual se habría mostrado ilocalizable desde el mes de febrero en que se habría desarrollado la operación en Gran Canaria, Lanzarote y Barcelona.

Se da la circunstancia de que ya habría sido detenido por hechos similares llevados a cabo en relación a otro club de baloncesto en la localidad grancanaria de Vecindario llamado ‘Saona’, respecto del cual ejercía el cargo de vicepresidente, “hechos por los que ya habría sido condenado”.

Quince detenidos

En virtud de las averiguaciones realizadas, se procedió a la detención de un total de 15 personas figurando siete de las mismas dentro de los órganos de administración de los citados clubes deportivos, a los que se les imputó los presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

Fueron detenidas las ocho personas restantes por un presunto delito de falsedad documental, pasando los detenidos junto a las evidencias obtenidas a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.