La avalancha de derribos de edificios antiguos que se anunciaba en Arrecife no tendrá lugar. El Ayuntamiento ha aprobado 'in extremis' un acuerdo que cierra la posibilidad a que más de 50 piezas de la ciudad pudieran desaparecer después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el catálogo arquitectónico municipal hace poco más de un mes.

El catálogo anulado por el Supremo a raíz de los recursos de los propietarios de dos inmuebles protegidos –el edificio Panasco y la casa del médico José Molina Orosa- se aprobó en julio de 2008 e incluía un total de 70 bienes. Tras la decisión judicial, que es firme, recobra vigencia el catálogo anterior, que apenas protege 19 bienes, contando edificios públicos como los dos castillos, el Puente de las Bolas, el antiguo Parador de Turismo, el Cabildo viejo o la sede de la Delegación del Gobierno.

Sin embargo, el Ayuntamiento se ha sacado de la manga un acuerdo que, en la práctica, convierte en papel mojado la resolución del Tribunal Supremo. Así, aunque declara ejecutada la sentencia y deja sin efecto el último catálogo arquitectónico municipal, acto seguido destaca que “todos los inmuebles” que fueron incorporados al listado de bienes que ha sido anulado “forman parte del proyecto” de un nuevo catálogo “que se encuentra en tramitación” para incluirlo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está elaborando.

“Como consecuencia” de ello, añade el acuerdo municipal, procede a “suspender” la “concesión de licencias de demolición y de obras” para el medio centenar de bienes que se habían quedado desprotegidos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se apruebe “la definitiva propuesta” de inmuebles históricos que se incluirá en la revisión del Plan General. Eso sí, si en un plazo “máximo” de seis meses no se aprueba de forma inicial el nuevo planeamiento, se alzaría la prohibición.

El acuerdo impulsado por el grupo de gobierno (CC y PSOE), que ha contado con el apoyo de Alternativa Ciudadana y PIL, y la abstención del Partido Popular, también deja en suspenso las licencias de demolición “que se hubieran concedido en su día” sobre cualquiera de los inmuebles que formaban parte del catálogo anulado por el Supremo.

En esta situación se encontraban el antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Plazuela, la Librería Lasso en la calle Fajardo o el número 54 de la calle Real. En estos casos, los propietarios consiguieron permisos para derribar o intervenir en las edificaciones hace años aunque nunca se llegaron a ejecutar. Ahora, parece que tampoco.