La portavoz del grupo municipal de Lanzarote en Pie en el Ayuntamiento de Arrecife, Leticia Padilla, denuncia que la institución municipal “sigue cobrando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las familias de las viviendas de Titerroy que fueron desalojadas por el propio consistorio tras haberlas declarado en ruina por el alto grado de deterioro”.

Padilla anunció este lunes que están analizando la documentación y los informes técnicos para “conocer lo que ocurrió en esa época” y avanzó que pedirán “la depuración de responsabilidades en caso de ser necesario”.

En este sentido, los vecinos de la zona manifiestan “estar seguros” de que las obras del Plan E “tuvieron alguna responsabilidad en las fisuras en las viviendas y consecuentemente de su deterioro posterior, que acabó con el desplome del techo de una de las casas situada en la calle Timbayba en 2009”. En aquel fatídico suceso perdió la vida el vecino Tito García, de 38 años de edad, mientras dormía en su habitación.

“Tras las obras del Plan E se fue evidenciando el pésimo estado de las viviendas cuya construcción data de la década de 1950 del siglo pasado”, señaló en un comunicado este lunes Lanzarote en Pie.

“Los vecinos mantienen que las grietas se produjeron como consecuencia de las obras realizadas en la zona”

“Aunque los informes técnicos señalan la filtración de agua de las lluvias como motivo del derrumbe, los vecinos mantienen que las grietas se produjeron como consecuencia de las obras realizadas en la zona porque, según afirman, las estructuras de sus casas no estaban preparadas para resistir esa actividad”, agrega la organización política.

Sin embargo, a pesar de todo el tiempo transcurrido, las obras de rehabilitación integral de Titerroy no se han llevado a cabo, tampoco las de Valterra, según el Gobierno central "por culpa del ayuntamiento que ni ejecutó las obras ni devolvió los fondos transferidos por el Instituto Canario de la Vivienda ni por el Ministerio de Fomento, aunque le fue requerido en varias ocasiones".

“A día de hoy, el dinero aún no ha sido devuelto y las obras siguen sin ejecutarse”, recuerda Padilla, quien subraya que “existen varias familias que fueron desalojadas por las malas condiciones de sus viviendas y que no solo han tenido problemas para cobrar las ayudas al alquiler que les prometieron, sino que además se les está cobrando el IBI por esas casas que no habitan desde hace más de una década”.