Entre el 25 y el 28 de julio se ha realizado una campaña de captura, esterilización y retorno (CER) de gatos en el núcleo urbano de La Graciosa. Dicha campaña ha sido promovida por el Área de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote con la participación del Ayuntamiento de Teguise, Puertos de Canarias, la empresa pública del Gobierno de Canarias GESPLAN, el Colegio Oficial de Veterinarios de Canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de varias organizaciones protectoras de animales.

La isla de La Graciosa forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Archipiélago Chinijo, y de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Islotes del norte de Lanzarote y Famara, formando estos dos últimos espacios parte de la Red Natura 2000 y, por tanto, están protegidos por normativa europea. En ella habitan 98 especies de vertebrados terrestres incluidas en el Catálogo Canario de Especies Protegidas, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en las directivas de Aves y Hábitats de la Unión Europea.

Según los datos facilitados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, a petición de SEO/BirdLife y la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC), entre 2020 y 2024 se ha registrado la muerte por depredación provocada por gatos de, al menos, 172 aves entre las que figuran paíños, petreles, hubaras y pardelas cenicientas, lo que supone una pequeña parte de la depredación ocasionada por este felino introducido en La Graciosa. Todas las especies mencionadas están incluidas en las normas mencionadas, estando, por tanto, protegidas por la Ley, incluida la 7/2023 de Protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta ley, en su artículo 42, indica que deberán reubicarse los gatos que supongan un impacto negativo para las condiciones de biodiversidad en espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 o cuando constituyan un impacto negativo para la fauna protegida.

En este sentido, estas organizaciones recuerdan, que esta misma ley indica en su artículo 38.2 que es la Administración Local competente la que tiene la "titularidad de los gatos identificados" y es, por tanto, la responsable de los impactos que estos producen a la fauna nativa de La Graciosa..

En opinión de SEO/BirdLife, de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad (ACBC), del Grupo de Ornitología e Historia Natural de Canarias (GOHNIC), de Abeque y de Ecologistas en Acción Lanzarote, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise, en lo que respecta a los gatos con dueño, deben garantizar que estén identificados, esterilizados, registrados en el Ayuntamiento, y controlados adecuadamente para evitar su acceso al medio natural, sin perjuicio de que el futuro Plan Rector de Uso y Gestión deba incluir la prohibición de su tenencia en La Graciosa.

En relación con los gatos vagabundos y asilvestrados presentes en la isla, deberían promover su captura y traslado a instalaciones adecuadas en Lanzarote como única actuación efectiva para evitar daños urgentes a la fauna silvestre. Los gatos vagabundos o los que viven en las colonias, a pesar de estar alimentados, depredan sobre la fauna nativa. Además, estos gatos pueden desplazarse libremente por toda la isla, alcanzando lugares que albergan importantes colonias de aves marinas amenazadas, depredando sobre ellas y comprometiendo su viabilidad o incluso haciéndolas desaparecer. No es nuevo, ha sucedido varias veces en el pasado y, por ello, las asociaciones no entienden la gestión que el Área de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote hace en La Graciosa ya que, lejos de solucionar este problema de conservación, lo agrava más tiempo.

Finalmente, las citadas organizaciones solicitan que el Gobierno de Canarias ejerza sus atribuciones para la alta inspección de competencias transferidas al Cabildo de Lanzarote, para evitar actuaciones como esta que atentan contra la conservación de la fauna nativa, contradiciendo la normativa europea, estatal y autonómica, y la propia Ley 7/2023 de Protección de los derechos y el bienestar de los animales.