El futuro del Islote del Francés se disputa en dos terrenos de juego: el Ministerio de Medio Ambiente, que está revisando el deslinde del dominio público marítimo terrestre y cuya decisión afectará de forma decisiva al islote, y la Comisión de Valoraciones de Canarias, que fija el importe de las expropiaciones y que depende de la Consejería de Política Territorial, la misma que tutela el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Arrecife.

El ministerio se pronunció de forma rotunda cuando tuvo que emitir hace tres años un informe sobre el Plan General de Arrecife: el Islote del Francés “se localiza totalmente en terrenos de dominio público marítimo terrestre”. Sobre la ordenación del suelo para su desarrollo urbanístico a través de un plan parcial, Medio Ambiente señaló que “no puede considerarse correcto” por la “condición demanial” de los terrenos. Añadió que la utilización del dominio público “será libre, pública y gratuita”.

La rotundidad de ese primer informe del Ministerio de Medio Ambiente contrasta con los vaivenes posteriores. El equipo redactor del Plan General, a las órdenes de la Consejería de Política Territorial, asegura que la Demarcación de Costas en Canarias les trasladó después el criterio opuesto al del ministerio al que pertenece. Y el equipo redactor le asignó al islote 69.434 metros cuadrados de edificabilidad, siete plantas de altura, y una zona de servidumbre de protección de Costas de 20 metros.

La directora del Plan General, Eva Padrón, reconoce que el Ministerio de Medio Ambiente ha emitido un nuevo informe en el que señala que “está revisando deslindes en Arrecife”, entre ellos de la zona del Islote del Francés, al regirse por órdenes ministeriales “muy antiguas”, de los años 60 y 70 del pasado siglo.

Medio Ambiente tramita un nuevo deslinde que puede afectar al desarrollo urbanístico del islote y en el Ayuntamiento se pide centrar los esfuerzos en defender que no cabe la expropiación

Con este nuevo deslinde del dominio público anunciado por Medio Ambiente se abren varios escenarios. En primer lugar, que el ministerio mantenga su posición de que el Islote del Francés forma parte en su integridad del dominio público. Otra opción es que concluya que, a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988, el suelo no reunía las condiciones de urbano. En este caso la servidumbre de protección, en la que no se podrían levantar edificaciones para uso residencial o turístico, sería de 100 metros desde el límite interior de la ribera del mar y recortaría de forma notable la parcela sobre la que sería posible construir.

Para que la franja de protección de Costas se redujese a 20 metros, la hipótesis con la que ha trabajado el equipo redactor del PGO para dar uso lucrativo al islote, los terrenos tenían que estar ya clasificados como urbanos o tener un plan parcial aprobado con anterioridad al 1 de enero de 1988.

Padrón admite que el futuro de esta bolsa de suelo está “condicionado” a lo que determine el Ministerio de Medio Ambiente. Si considera que el islote “no era urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas” la zona de servidumbre, con usos limitados, estaría a 100 metros.

“Espacio sin urbanizar”

El ministerio ha preguntado al Ayuntamiento de Arrecife si, en el Plan General de 1968, el que estaba vigente cuando se aprobó la Ley de Costas, el Islote del Francés se encontraba ya clasificado como suelo urbano.

En un informe de la Oficina Técnica municipal, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, se destaca que en los vuelos aéreos realizados apenas dos años antes de esa fecha “se aprecia claramente que los terrenos en cuestión constituían un espacio sin urbanizar (antiguamente destinados a salinas y naves)”.

En un informe de la Oficina Técnica se destaca que en los vuelos aéreos realizados antes de la Ley de Costas “se aprecia claramente que los terrenos en cuestión constituían un espacio sin urbanizar”

También resalta la ausencia de los servicios que definen el suelo urbano: no contaba “con abastecimiento y evacuación de aguas, ni suministro de energía eléctrica, ni acceso rodado, ni pavimentación de calzada, ni encintado de aceras, ni alumbrado público”.

La Oficina Técnica aclara que “no se ha podido localizar un plano con clasificación de suelo” del antiguo Plan General aprobado en los años 60, aunque sí uno general sobre zonas de Arrecife, que engloba al islote, así como al resto de la fachada marítima de la capital, como área “turístico-recreativa”. Para los juristas consultados, esa definición no es equivalente a una clasificación de suelo urbano.

Desde la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, el portavoz de Somos, Borja Rubio, ha insistido en que el Consistorio debe intentar que el resultado del nuevo deslinde de Costas “sea lo más favorable” para los intereses de la ciudad.

La valoración

El otro terreno de juego donde se decide el futuro de esta pieza de suelo estratégica para la capital de la Isla es la Comisión de Valoraciones de Canarias, adscrita a Política Territorial, y que fija los importes de las expropiaciones. Los propietarios del islote se toparon con el rechazo de los tribunales a su primer intento de que el Ayuntamiento les expropiase, por 60,9 millones de euros, en año 2001. El Supremo les cerró esa puerta en el año 2007. En 2011 volvieron a la carga para reclamar la expropiación forzosa del Islote del Francés en la Comisión de Valoraciones. El expediente del islote se vio en una sesión en mayo de 2016.

Para diversos miembros de la Corporación municipal, el Ayuntamiento tiene que centrar todos sus esfuerzos en frenar esa “amenaza”. Lo que decida este órgano del Gobierno de Canarias no es inamovible y se puede impugnar en los tribunales, pero resulta clave cómo actúa el Ayuntamiento para evitar una resolución desfavorable y que, si se produce, se termine consolidando, como sucedió con el caso del solar frente al antiguo bar Ginory.