El denunciante del caso La Bufona y propietario de terrenos ocupados en ese plan parcial, Gonzalo Murillo, solicita ante el Ayuntamiento de Arrecife que lleve a cabo una acción urbanística para restaurar la legalidad urbanística en ese suelo. Murillo expone que en la ejecución material del Plan Parcial de La Bufona se construyeron buena parte de las viviendas de forma ilegal sobre dominio público, tal y como ha sido constatado en sede judicial.

Es la segunda vez que plantea esta acción en el plazo de un mes, sin haber obtenido respuesta. En su escrito señala que queda patente “de forma incontrovertible” que hay varias fincas catastrales edificadas sobre zona verde y sobre viales y aparcamientos públicos.

Señala que es un hecho objetivo, que se ha constatado en el proceso penal de La Bufona, que los máximos responsables en materia urbanística del Ayuntamiento de Arrecife autorizaron a construir en la parcela A-3 del Plan Parcial de La Bufona, más del doble de lo permitido, así como que con garajes particulares de las viviendas edificadas en esa parcela se permitió ocupar calles.

Murillo considera que el uso no autorizable o no autorizado del suelo de dominio público es una infracción urbanística de carácter permanente y que las construcciones no son autorizables. Por este motivo, pide que la autoridad o funcionario público competente de la alcaldía debe ordenar de inmediato que se inspeccionen esas infracciones y que, una vez realizada la inspección, se instruyan los expedientes de restauración de la legalidad, con carácter inexcusable.

Insiste en que al anularse la modificación del plan parcial, que fue el documento en base al que se concedieron las licencias vigentes, esas licencias han quedado expulsadas del ordenamiento jurídico puesto que la modificación también lo está. “Un plan anulado desaparece del mundo jurídico y arrastra cualquier acto en ejecución del mismo”, destaca.

Del mismo modo, Murillo advierte que la alcaldesa, como actual máxima responsable en materia urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife, podría estar incurriendo en responsabilidad por prevaricación, ya que es imperativo realizar la inspección solicitada e incoar expedientes de restitución con la demolición de lo ilegalmente construido sobre dominio público municipal.

Desaparición de las licencias

Por otro lado, Murillo también denunció el pasado 6 de diciembre que la Oficina técnica municipal ha informado de que no se han podido localizar en el Archivo municipal los expedientes de licencia de obras relativos a estas casas en la calle Chabusquillo y pide a la alcaldesa, Astrid Pérez, que ponga estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y que investigue si no han existido nunca esos expedientes, y en tal caso que se inicie un proceso para impugnar dichas licencias por ser nulas de pleno derecho, “al no constar en el Ayuntamiento de Arrecife los trámites del procedimiento legalmente establecido que se siguieron para autorizarlas”.