El departamento de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote alerta del “impacto paisajístico” del parque eólico marino solicitado por la multinacional de origen portugués EDP, que se instalaría a dos kilómetros de la costa, entre el Islote del Francés, en Arrecife, y el entorno de la residencia real de La Mareta, en Costa Teguise.

En su informe, remitido al Ministerio de Transición Ecológica y al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, el Cabildo considera que “se debería posponer la autorización administrativa para la implantación de nuevos parques eólicos”, en aplicación del principio de precaución y de “incertidumbre” sobre los efectos ambientales del parque.

Sobre ese impacto paisajístico, el Cabildo de Lanzarote destaca que los aerogeneradores serían “visibles desde las diferentes playas de los municipios de Arrecife y Teguise”, por lo que pueden “afectar a otros usos característicos que se vienen desarrollando” en ese entorno, en referencia al residencial y al turístico. La institución insular afirma que es “absolutamente necesario” que los ayuntamientos den su autorización, al ser los planificadores “de su territorio y por tanto de los usos y actividades que se desarrollan” en el mismo.

El parque eólico marino estaría compuesto por cuatro aerogeneradores, con una altura de 262 metros entre el nivel del mar y la parte más elevada de la estructura, con una potencia de 12,5 megavatios. En total, el parque eólico alcanzaría los 50 megavatios de potencia y estaría conectado a la subestación eléctrica de Punta Grande mediante un cable.

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La multinacional portuguesa EDP, considerada una de las grandes productoras de energía a través de fuentes renovables, destaca “varios factores” para haber elegido la costa lanzaroteña: el importante caudal de viento de la zona, una profundidad “viable”, de unos 1.000 metros, la cercanía de la subestación eléctrica de Punta Grande y, por último, esquivar la “zona de exclusión” para aerogeneradores en el mar que fija el estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos.

El ámbito marino afectado por la instalación del parque eólico frente a una franja de cinco kilómetros entre Arrecife y Costa Teguise alcanza las 3.079 hectáreas de superficie. El departamento de Medio Ambiente del Cabildo destaca en su informe los “riesgos potenciales del parque eólico sobre la avifauna” por la colisión con las aspas y por el “efecto barrera” tanto en las rutas de emigración de las aves como en las áreas que utilizan para alimentarse o descansar. En concreto, cita especies “en peligro de extinción” o “vulnerables” como la hubara canaria, el chorlitejo patinegro, el cuervo canario, el guincho y el halcón de tagarote.

El estudio de impacto ambiental que se lleve a cabo del parque eólico, incide Medio Ambiente, “no debe limitarse” a la fauna y la flora que se recoge en la base de datos de biodiversidad de Canarias, porque si una especie no está en el listado, “no significa” que no esté presente” en la zona.

Así, solicita que se aporten datos “reales” de la flora y la fauna, además de advertir de los efectos “acumulativos” que pueda producir el parque eólico marino sobre las especies si se analiza de forma integral con otras instalaciones autorizadas o en trámite a escasa distancia en tierra, como el parque eólico Vista Mar o los aerogeneradores instalados en la central de desalación.

Área que ocuparía el parque eólico marino, frente a Arrecife.

Cetáceos

El Área de Medio Ambiente también señala que parte de la superficie que ocuparía el parque eólico marino se encuentra “dentro” del Lugar de Interés Comunitario (LIC) del espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura. El informe recuerda que dentro del LIC se han “identificado y catalogado 771 especies distintas, muchas de ellas consideradas vulnerables o en declive a escala nacional e internacional”.  

“Las aguas de Fuerteventura y Lanzarote son un punto de extraordinaria diversidad de cetáceos, con 28 especies protegidas hasta la fecha”, recalca el Cabildo, que pide al menos que se efectúe una evaluación de impacto ambiental completa antes de que el Gobierno central adopte una decisión.