El caso Yate no se bautizó así por el 'Pachi', el barco de José Francisco Reyes, sino que es un acrónimo de Yaiza y Teguise, los municipios en los que se investigó la concesión masiva de licencias a hoteles que después fueron anuladas por la Justicia. El caso avanzó en su primera sílaba pero se quedó atascado en la segunda.

La investigación patrimonial de la UDEF a los dos alcaldes del momento, Reyes y Juan Pedro Hernández, arrojó indicios de enriquecimiento en el primer caso (confirmados con la ampliación y el descubrimiento de un millón de euros de origen desconocido del alcalde sureño) y no le encontró nada al segundo, pero la instrucción siguió por los indicios de prevaricación a la hora de conceder esas licencias.

El caso de Yaiza ya está en su recta final con doce imputados. Falta que tanto la acusación particular como las defensas hagan sus escritos definitivos, después de que la Fiscalía pida entre tres y 25 años de prisión para los acusados, pero el de Teguise se quedó dormido y en 2011 pasó a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuando Hernández se convirtió en aforado al ser elegido parlamentario.

Hernández, que ya tiene una condena por prevaricación en la concesión de licencias, que le inhabilita para ser alcalde, declaró el pasado mes de abril que “se limitaba a firmar” las licencias urbanísticas “que le ponían encima de la mesa”, señalando a los trabajadores municipales como responsables de los expedientes. Dijo que la Oficina técnica les daba el visto bueno, un auxiliar redactaba el decreto y él lo firmaba sin ver el expediente completo. Las cuatro licencias que son objeto del caso carecen de informe técnico y jurídico.

En su declaración citó el nombre de varios técnicos, que fueron llamados a declarar el 15 y 16 de octubre como testigos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al estar Hernández aforado por su condición de diputado autonómico.

Dos auxiliares administrativas dijeron que el alcalde y el concejal les decían como querían las licencias

De esos ocho trabajadores, algunos contradijeron la versión del ex alcalde. Dos auxiliares administrativas dijeron que el alcalde y el concejal les decían como querían las licencias y que se las dictaban y ellas se limitaban a transcribir, y una señaló que el alcalde estaba en contacto con todos los expedientes y se interesaba por casi todo ellos. La segunda aseguró que no encuentra explicación a que las licencias no tuvieran informe técnico.

Respecto al informe jurídico algunos trabajadores señalaron que en la Oficina técnica no había nadie que pudiera hacer esos informes, mientras que Ana Pérez Vega, que ejerció como única letrada del Ayuntamiento, afirmó que no le pasaban esos expedientes para que emitiera informe y que no sabe quién intervenía en esos trámites.

Por otra parte, el aparejador que se encargaba exclusivamente de Costa Teguise señaló que no se le solicitó informe para esas licencias porque la tramitación la llevaban el alcalde y el concejal y que el alcalde intervenía en el inicio del expediente. Finalmente, un técnico que informó sobre una prórroga de una licencia hizo constar que era necesario un informe jurídico.