La herencia del urbanismo en el Sur de la Isla sigue sin resolverse. El Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza estaba llamado a buscar salidas a los graves problemas urbanísticos del municipio. Cuatro años después de su aprobación los tribunales todavía no han decidido sobre los principales pleitos contra el nuevo planeamiento. Se interpusieron 33 demandas: algunas porque era permisivo y regularizaba ilegalidades urbanísticas, y otras por todo lo contrario.

Se han resuelto 18 contenciosos, entre ellos uno de Costas que afecta a parcelas no edificadas. Y la incertidumbre continúa, especialmente en el plan parcial Playa Blanca. Cuatro años después de que se aprobara el Plan General de Ordenación de Yaiza y con él un nuevo plan parcial Playa Blanca, la situación de la urbanización y de las viviendas aún no está aclarada.

Por un lado, Yaiza ya ha legalizado 367 viviendas residenciales en el municipio, muchas de ellas en este plan parcial pero también otras zonas, y por otro, la división que se hizo del plan parcial Playa Blanca en dos unidades ha resuelto prácticamente la situación de una de ellas pero ha dejado bloqueada la otra.

Cuando se aprobó ese nuevo plan Playa Blanca se acordó la división en dos unidades: la UA1 reservaba una parte, la más cercana al mar, para que se construyera un hotel por parte de la empresa gallega Nova Maexpa. Ese hotel sería el encargado de pagar las obras necesarias de urbanización de toda la Unidad de Actuación donde sólo hay construida una promoción, Palazuelo, que puede ser la más perjudicada. El hotel no se ha hecho y de la empresa no se sabe nada.

La otra Unidad de Actuación del nuevo plan Playa Blanca recogía casi todas las viviendas construidas y la mayoría de ellas ya se han legalizado. Lo que queda por determinar es quién tiene que pagar las obras de urbanización que quedan por hacer.

Y ahí el Ayuntamiento se encuentra con un problema, porque dos de las principales promotoras del plan parcial, Agueri y Alabena, están en consurso de acreedores, así que aunque les tocase pagar, que es lo más probable, no tienen dinero, por lo que todo apunta a que tendrá que asumir los gastos el Ayuntamiento e intentar cobrar cuando se resuelvan los concursos con los bienes de las promotoras.

El Consistorio, en el peor de los casos, tendrá que recurrir al aval de 60.000 euros para sufragar parte de los gastos. Por el momento, el Ayuntamiento ya ejecutó unas obras de saneamiento y quedan por hacer obras de accesibilidad, porque hay que subsanar unas obras anteriores que se hicieron de forma deficiente, y algunas promociones no tienen alumbrado público porque no han pagado la factura de la luz.

Por contra, otras urbanizaciones, como El Salto, han pagado de más y los promotores les deben dinero a los vecinos. El principal problema para que el Ayuntamiento cobre es que, en caso de que haya bienes para repartir después del concurso, va a tener competencia, ya que entre los acreedores habrá propietarios, porque una parte de los compradores de las viviendas han exigido en los tribunales la devolución del dinero de las casas, y han ganado.

También hay otra promotora, Palmera Canaria, que es socia de Agueri y Alabena en algunas promociones, que no está en concurso de acreedores. Esta sociedad se puede ver en una situación peculiar, ya que como socia puede ser corresponsable de las deudas pero, a la vez, si no pagan, acreedora de las mismas junto al resto de los acreedores.

Nuevos pagos

El Ayuntamiento de Yaiza ha tramitado en los últimos meses hasta 16 expedientes de legalización que reúnen casi 370 viviendas. La mayoría son del plan parcial playa Blanca, donde quedan aún cuatro expedientes por resolver, pero otros son de viviendas unifamiliares o de casas de otros lugares del municipio.

Hay que recordar que tras el recurso contra el plan parcial Playa Blanca, una sociedad relacionada con los promotores de ese plan parcial, llamada Ledesdorfe, denunció a otras 300 viviendas residenciales en el municipio, aunque después no se presentó en la mayoría de los juicios.

En otros procedimientos judiciales, sin embargo, sí se llegó a dictar la anulación de las licencias de esas viviendas y ahora se han tenido que promover esos expedientes de regularización con el nuevo plan parcial y el nuevo Plan General.

Para legalizar, el Ayuntamiento pide los planos digitalizados y un informe técnico para saber si la vivienda cumple y, si es así, los propietarios deben pagar el 2,6 por ciento del valor del proyecto, por las tasas.