Dejar en manos de cada alcalde y su correspondiente concejal de Urbanismo la decisión final sobre el planeamiento y la ordenación del territorio de su municipio no responde a la lógica del interés general, a ojos de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria, que en otro informe obrante en el expediente de la polémica Ley del Suelo ahora en tramitación cuestiona sus aspectos más políticos.

“En definitiva, en la ordenación territorial y urbanística confluyen intereses de distintas Administraciones, por lo que la aprobación de un Plan General en muchos casos puede incidir en intereses supralocales”, advierte la letrada de los Servicios Jurídicos en su informe de 21 de junio pasado, ante la idea matriz del Gobierno de Canarias de eliminar el control regional sobre el suelo ejercido desde la Cotmac.

Y es que esa decisión política del Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo (CC) no solo colisionaría con la lógica de evitar reinos de taifas urbanísticos en siete islas ya de por sí dispares, sino con la propia normativa estatal recogida, entre otras, en la Ley de Bases de Régimen Local. “Las competencias decisorias en esta materia no parece que puedan residenciarse en los municipios”, indica el informe aludiendo al artículo 62 de la Ley que regula las administraciones públicas españolas.

En todo caso, y ya que el Gobierno de Canarias se ha posicionado políticamente en desvirtuar el poder decisorio del ente autonómico regulador del suelo, la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), entiende la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos en su informe que, antes que dejar a los ayuntamientos a su libre albedrío, mejor dotar de mayor control a los cabildos.

“Ahora bien, de considerarse como objetivo esencial por el Gobierno configurar los Planes Generales de Ordenación como monofásicos, sería más congruente con la legislación básica, su atribución a los cabildos”, por su doble condición de “órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones” de la Comunidad Autónoma Canaria, expone el informe de la propia Comunidad.

La letrada incide profusamente en esta otra cuestión capital de la polémica Ley del Suelo: la derogación de la Cotmac y el control urbanístico de los ayuntamientos. La propia Ley de Bases atribuye al pleno municipal la aprobación inicial y la que pone fin a su tramitación, lo que conlleva la presencia de otras administraciones en ese ínterin del procedimiento. Por lo que la Ley analizada choca con la norma estatal.

Y advierte: “Cuando exista concurrencia de competencias sobre el espacio físico no parece que la competencia decisoria le pueda corresponder a la Administración cuyo interés tiene menor círculo genérico de destinatarios [el ayuntamiento, frente al cabildo o la comunidad autónoma]”.

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