La Federación Canaria de Islas (FECAI) acordó por unanimidad apoyar la propuesta de declaración institucional presentada por el Cabildo de Fuerteventura en relación a la reciente llegada de inmigrantes africanos a sus costas. Un acuerdo unánime alcanzado con la presencia de los presidentes de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como los consejeros del área en representación de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife.

De esta forma, los cabildos demandarán del Estado mayor control de las costas, más efectivos para llevar a cabo las pruebas que determinen la minoría de edad y la disponibilidad de acuartelamientos militares, de forma excepcional y temporal, como recursos para la acogida inmediata, temporal, de los migrantes.

También exigen una coordinación entre Estado y Gobierno de Canarias para adoptar las medidas oportunas y hacer frente al impacto de la inmigración en las Islas, y, al tiempo, que extiendan esta coordinación a la zona de la Macaronesia y África occidental.

A su vez, la FECAI solicita que se realicen los trámites necesarios para pedir a otras comunidades autónomas que reciban menores de las comunidades más afectadas por ese fenómeno migratorio: Andalucía, Canarias, Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla.

"Todos los cabildos nos solidarizamos con la situación que vive Lanzarote y Fuerteventura, vamos a asumir nuestra responsabilidad ante un tema tan sensible, atendiendo en nuestro caso especialmente a aquellos menores que lleguen a nuestras costas, pero con la corresponsabilidad y la determinación que demandamos del Estado y del Gobierno de Canarias, a los que exigimos coordinación y recursos para poder abordar entre todos esta realidad en su situación actual, lejos aún de lo que hemos vivido años atrás, pero que, sin duda, nos preocupa enormemente", declaró al finalizar la reunión la presidenta de turno de la FECAI, Belén Allende.

Los cabildos también han llegado al consenso de una redistribución "proporcional a la realidad actual, diferente a 2002", y buscan el apoyo del Gobierno autonómico para habilitar centros de acogida inmediata en las islas más impactadas en cada momento, como un recurso para que puedan estar debidamente atendidas estas personas pendientes de la determinación de edad.