Hasta cinco agentes de Seprona de Lanzarote declararon en la sesión de este jueves del caso Stratvs en la Audiencia Provincial. Los agentes participaron en varias inspecciones y denuncias respecto a la bodega, tanto en la catas realizadas a la tienda del complejo como a la toma de muestras de aguas residuales, al belén que se instaló o a las obras del aparcamiento, entre otras inspecciones.

Respecto a  la antigua casa, convertida en tienda, varios agentes señalaron que se hicieron unas catas acompañados por personal técnico del Cabildo y concluyeron que se trataba de una obra nueva y no de una rehabilitación porque los paredes eran de hormigón.

Además, los agentes dijeron que se hicieron catas en muchos puntos diferentes y todas dieron el mismo resultado. “Tenía que haber solo arena, cal y piedra pero lo que había era hormigón”, señaló uno de los agentes.

También aseguraron que la casa había aumentado de volumen porque pudieron comprobar por fotos antiguas que la distancia que había entre la casa antigua y los árboles había disminuido.

Así, señalaron que cuando hicieron la inspección, el expediente de Bien de Interés Cultural de La Geria estaba vigente, aunque las defensas de varios acusados sostuvieron que el expediente se inició pero nunca se culminó.

“Tenía que haber solo arena, cal y piedra pero lo que había era hormigón”, señaló uno de los agentes

La autorización concedida permitía rehabilitar una casa antigua pero no hacer una obra nueva. Para la Fiscalía, los permisos fueron otorgados “contraviniendo la normativa en vigor” y, en el caso concreto de la vivienda, eran para la restauración de una vivienda antigua de valor etnográfico.  Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha recalcado que la vivienda fue derribada.

Los agentes del Seprona señalaron este jueves que no solo se inspeccionó y denunció a Stratvs sino también a otras bodegas en la misma zona, tanto por los vertidos, por tener una depuradora sin autorización como por hacer otras obras, y que en algunos casos pagaron una multa “cuantiosa” y otros fueron condenados por la vía penal.

Sobre la toma de muestras de agua y sus resultados, los agentes de la Guardia Civil dijeron que quien las llevó a cabo fue un grupo especializado de Las Palmas.

Otro de los agentes señaló que fue él quien puso la denuncia por las obras en los aparcamientos y que se había hecho una excavación de unos 3.000 metros cuadrados. La defensa de Rosa apuntó que esas obras fueron legalizadas por el Cabildo y el agente señaló que en el momento en que se hicieron no tenían autorización.

La letrada del Gobierno de Canarias preguntó a todos los agentes si pasaron por esa carretera y no vieron las obras. Uno de ellos aseguró que las obras se denunciaron desde el principio y otro dijo que preguntó y que le dijeron que tenían autorización en vigor del Gobierno. Hay dos técnicos y un exdirector general de Urbanismo del Gobierno acusados en el juicio.