A finales de 2006 la Unión Europea aprobó la Directiva Bolkenstein, que buscaba la liberalización de los servicios, y por tanto del turismo. Las leyes nacionales y regionales debían incorporar a su legislación las disposiciones de esta Directiva. Para Canarias, su estricta aplicación suponía renunciar a la regulación turística de los últimos años, y en la práctica, permitir la regularización de las famosas villas turísticas, que suponen un diez por ciento de la oferta del Archipiélago, aproximadamente.

En estos años, lo que ha hecho el Gobierno y los cabildos, al menos el de Lanzarote, es seguir actuando igual y aprobando nuevas leyes turísticas, aunque han ido perdiendo todos los pleitos planteados por propietarios de villas afectados por multas impuestas por la Inspección Turística. La última sentencia, del mes pasado, incluso afirma que no es necesaria la autorización turística previa no ya para las villas, sino tampoco para los hoteles.

En Lanzarote, la abogada Eileen Izquierdo ha llevado varios de esos pleitos. Ella también es propietaria de una villa en Playa Blanca y espera conseguir la regularización, aunque ya declara todos los ingresos. “Aún no he conseguido que me den el Libro de inspección para la villa”, señala.

La nueva Ley de Modernización del Gobierno de Canarias sigue vinculando la autorización al tipo de suelo en que se asienta la villa, a que el suelo sea de uso turístico y no residencial. Por un lado, está la legitimidad del Gobierno y los Cabildos para programar y ordenar el turismo, y los intereses de los hoteleros, y por otro está una realidad que además están apoyando los tribunales: miles de camas se comercializan cada año en esas villas de forma alegal o irregular, generando una economía sumergida.

En Lanzarote hay varios miles de plazas turísticas que operan al margen de la legalidad

Izquierdo asegura que “no se puede prohibir el alquiler”. De hecho, la Justicia ya ha reconocido que el alquiler es un acuerdo entre particulares, independientemente del uso que se le dé a la vivienda, y que no debe estar sometido a la normativa turística. El Gobierno, previa denuncia, está imponiendo multas de hasta 9.000 euros a este tipo de villas, aunque luego las rebaja.

Eso sí, todos los que recurren a los tribunales están ganando. Las villas están por todos lados y no sólo en las zonas turísticas como Puerto del Carmen, Costa Teguise o Playa Blanca, sino también en La Graciosa, en Famara, en Mala... Sólo en internet se pueden encontrar más de 1.800.

Izquierdo destaca que “este tipo de turismo deja más dinero, suelen ser personas de clase media alta, alquilan coche, van más al restaurante, a supermercados... Buscan este tipo de vacaciones y no las cambian por vacaciones en hotel. Si la oferta desaparece, el cliente no vuelve”.

La abogada Eileen Izquierdo asegura que “no se puede prohibir el alquiler”

La abogada considera que se está intentando beneficiar el negocio de los grandes hoteles, cuando el turismo de hotel no genera tantos beneficios al comercio local. “Lo que no se da cuenta el Gobierno -señala- es del aumento en la recaudación de impuestos que supondría”, tanto del IRPF como del IGIC, y además los propietarios de villas contratan empresas de limpieza y de mantenimiento que operan muchas veces en negro porque la actividad no está regulada.

En el Archipiélago ha surgido una asociación, Ascav, que busca regular las villas. En diciembre pasado, el Gobierno publicó un proyecto de decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico, pero parece que no es suficiente. Entre las alegaciones al proyecto se dice que no está justificada la prohibición de alquilar habitaciones porque es una práctica extendida en Europa y puede servir como ayuda para paliar las maltrechas economías de las familias y generar una relación especial entre los turistas y los habitantes de las islas.

“El Gobierno no se da cuenta del aumento en la recaudación de impuestos que supondría”

Además, la abogada insiste en que no se trata de un problema de contención del crecimiento porque las plazas ya existen y están funcionando. El Cabildo debe regular o contener el crecimiento pero “es obvio que eso se puede hacer con las plazas que no existen”. “No se trata de generar nuevas plazas sino de regularizar las existentes”.

El Cabildo, mientras tanto, sigue sin conceder la autorización turística a este tipo de casas. Y el Gobierno, tampoco: la nueva legislación pone como requisito que se encuentren a 500 metros del mar y se ubiquen en parcelas calificadas como turísticas, cuando casi todas están construidas sobre suelo residencial.

Recurrirán el nuevo planeamiento de Yaiza

En el nuevo Plan General de Yaiza tampoco se da una solución. Eileen Izquierdo advierte que van a tener que recurrirlo en los tribunales, aunque les han aceptado algunas alegaciones, como que la parcela mínima en lugar de tener 600 metros deba tener 500 y la superficie de la vivienda baje de los 120 metros cuadrados. Según Izquierdo, el Plan contraviene también la Ley de modernización turística porque obliga a unos parámetros que la Ley canaria ni siquiera contempla.