El Instituto de Medicina Legal situado en Lanzarote ha remitido a la Fiscalía 11 diagnósticos de pruebas óseas y ortopantografías para la firma del decreto de minoría de edad, constatando en el informe que sólo cuatro de ellos aún no han cumplido los 18 años.

La directora de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Morales, anunció este miércoles que "de 11 pruebas óseas, tan solo cuatro han significado la declaración de minoría de edad, lo que pone de manifiesto que el porcentaje de adultos que no se declaran como tales es bastante alto".

En la actualidad, Lanzarote cuenta con dos dispositivos de emergencia para atender a los migrantes que han llegado a la Isla: uno situado en Yaiza, gestionado por el Cabildo, y otro en el albergue de La Santa, competencia del Gobierno de Canarias.

En total, la Corporación insular y la comunidad autónoma asisten a 190 supuestos menores, que serán distribuidos por el resto de las Islas una vez que vayan obteniendo el decreto emitido por la Fiscalía que acredite su minoría de edad.

Ese reparto se hará siguiendo el pacto suscrito por la Federación Canaria de Islas (Fecai) hace unas semanas, cuando decidió reeditar el acuerdo de 2002 y asumir la distribución solidaria de estos jóvenes según criterios de equidad y proporcionalidad.

El procedimiento para fijar la minoría de edad comienza con la declaración ante el juez de la persona que llega en patera a las islas. El juez exige una serie de pruebas y comisiona a los cuerpos de seguridad del Estado el traslado del joven al hospital para realizar la radiografía de la muñeca y la ortopantomografía dental que determine la maduración de los terceros molares. Estos dos exámenes son necesarios para calcular la edad de los chicos.

El resultado de estas pruebas se traslada a los dos forenses del Instituto de Médicina Legal, que son los que firman la minoría o no de edad después de revisarlas y tras entrevistar a cada uno de los supuestos menores. El diagnóstico se envía a la Fiscalía de Extranjería en Las Palmas de Gran Canaria, que es quien rubrica el decreto determinando la edad.

Sólo una vez concretada la edad es cuando la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia puede proceder a firmar la resolución de declaración de desamparo y el juez ordena que se proceda el traslado a otras Islas.