Quien teclee la palabra “Lanzarote” en la plataforma ‘Airbnb’, una de las más populares de la Red en la comercialización de viviendas a turistas, encontrará un millar de referencias. Un pequeño ‘loft’ en Guatiza desde 35 euros la noche, una casa terrera en Órzola a 40 e incluso una “habitación privada” en una casa en Playa Honda a 25 euros la noche. La tendencia en el sector turístico apunta a que un número creciente de visitantes prefiere organizarse las vacaciones por su cuenta y, en muchas ocasiones, al margen del tradicional hotel o del complejo de apartamentos.

“Los tiempos están cambiando”, destaca Aurora Vega, directiva de la asociación canaria del alquiler vacacional, que pretende una regulación que les permita no temer las inspecciones (y sanciones) de la Consejería de Turismo. En la actualidad, sólo las villas turísticas pueden regularizar su situación, pero la legislación es “muy restrictiva”, destaca Vega. “Exigen 800 metros de parcela, viviendas entre 150 y 300 metros, estar cerca de la costa… con lo que la mayoría de las viviendas vacacionales que tenemos se quedan fuera”, se queja.

Un ejemplo de que no es fácil pasar por el aro de la legalidad: el Cabildo de Lanzarote denegó recientemente la autorización turística a dos villas en la urbanización Castillo del Águila, en Playa Blanca. Uno de los motivos era que las parcelas en las que se construyeron tenían asignado un uso residencial, por lo que se les negó el Libro de inspección y la Hoja de reclamaciones, los escudos contra las multas, que suelen ser de decenas de miles de euros.

“En Lanzarote es donde más viviendas vacacionales hay, unas 4.000”, asegura Vega. Según el colectivo que agrupa a estos propietarios, en torno a la mitad no tendría ni una rendija con la legislación actual por la que colarse en una regularización. “Hace falta una normativa para que la que vivienda que no entre en la tipología de villa turística pueda legalizarse como vivienda de alquiler vacacional”, añade.

La pelota está en el tejado del Gobierno de Canarias. Con el presidente, Paulino Rivero, se han reunido en dos ocasiones, la última antes del parón de agosto. Confían en que antes de final de año haya una propuesta para que la comunidad autónoma la apruebe. Las patronales turísticas no lo ven con tan buenos ojos. La Federación de empresarios turísticos de Las Palmas, en la que se integra la lanzaroteña Asolan, ha destacado que “nunca será de recibo que quien cumple normas muy estrictas y pasa grandes dificultades para llenar su establecimiento todo el año, se encuentre con que el vecino dedique el chalé de al lado a alquilarlo para los visitantes”.

En la actualidad se exponen a fuertes sanciones económicas

Vega, que estuvo junto a otros miembros de Ascav en Lanzarote a finales de agosto para tratar de captar socios, considera que las casas vacacionales deben tener unos “estándares de calidad, seguridad y sanidad” pero con la máxima “flexibilidad”, para que entre “incluso el bed and breakfast”. Y no sólo en localidades y suelos turísticos. “El cliente de hoy que se quiere integrar en una zona de campo debe tener derecho, porque quien decide es el turista y estamos para darle un servicio y no para limitarle”, sostiene.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, también se reunió con los propietarios de casas que se alquilan a turistas. Es partidario de que se les dé encaje legal, pero con matices. “En determinadas circunstancias y condiciones esa es no solamente una realidad existente sino también interesante para el gasto en destino y para un determinado tipo de turismo”. Eso sí, “con determinados estándares de calidad y en un numero bastante limitado, especialmente en ámbitos rurales”.