El Cabildo de Lanzarote tiene previsto, en el próximo pleno, delegar las competencias para la evaluación de proyectos y de todos los instrumentos de ordenación insular en el Gobierno de Canarias. El resto de cabildos o tienen su propio órgano ambiental o han dado pasos para constituirlo.

El pasado mes de octubre, la presidenta Dolores Corujo inició el expediente para delegar las competencias en la Comisión autonómica de evaluación ambiental, que depende del Gobierno de Canarias.

Esa delegación de competencias, argumentó Corujo en una providencia, “se hace totalmente necesaria” en el caso del Cabildo de Lanzarote, “pues aún no ha sido creada la Comisión insular de evaluación ambiental”.

La presidenta reconocía que persisten en el Cabildo lanzaroteño “la carencia de los recursos personales y materiales con que dotar el órgano ambiental insular”. Además, consideraba “muy complicado” que este órgano se conformase “en esta Isla”.

La razón, para la máxima responsable del Cabildo, es que “sus miembros deben cumplir los requisitos legales de autonomía, especialización y profesionalidad exigidos a esta clase de órganos por la legislación de evaluación ambiental”.

En la provincia oriental, el Cabildo de Fuerteventura cuenta con su órgano de evaluación ambiental, su comisión ambiental estratégica y su comisión de proyectos. También el Cabildo de Gran Canaria ha desarrollado sus competencias en esta materia.

En la provincia occidental, tanto Tenerife como La Palma y El Hierro han constituido sus órganos ambientales. En el caso de La Gomera, se creó un órgano ambiental “provisional y transitorio”, aunque también se delegó en el Gobierno de Canarias hasta la creación del “definitivo”.

El Cabildo de Lanzarote ya tenía encomendado al Gobierno de Canarias la evaluación de impacto ambiental de proyectos, lo que se formalizó a través de un convenio en diciembre de 2019, con una vigencia de dos años, que acaba de concluir.

Sin embargo, ese convenio hacía alusión exclusiva a proyectos, pero no a planes de ordenación ni a programas. Es por ello que ahora se pretende ampliar la delegación de las competencias del Cabildo de Lanzarote en el Gobierno de Canarias.

“Numerosos instrumentos de planeamiento”

En el expediente, al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, la presidenta cita “los numerosos instrumentos de planeamiento que se van a tramitar en el seno de la Corporación, como son, entre otros, el Plan Insular de Ordenación, cuya tramitación resulta absolutamente  prioritaria al tener un documento del año 1991”.

La presidenta afirma que es “absolutamente prioritaria” la tramitación del Plan Insular, un documento de 1991

También menciona, sin especificar cuáles, la intención de elaborar planes especiales de los paisajes protegidos, los planes rectores de uso y gestión o las ordenanzas insulares.

En lo que va de mandato, en materia de planeamiento solo ha salido a exposición pública el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Archipiélago Chinijo, que ha sacado de forma directa la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno regional.