Ni armas, ni correos electrónicos y coches oficiales, ni visitas al Palacio de Justicia, ni contactos con los agentes locales de la Guardia Civil… La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tomó “medidas de reserva y discreción especialmente rigurosas” para poder mantener en secreto la operación Unión, según dice un informe firmado por el Capitán Jefe del Grupo, realizado a petición del primer juez instructor del caso.

Esas medidas también fueron tomadas por el juez, no introduciendo el caso en el sistema Atlante, que utilizan los Juzgados de Canarias, para evitar todo tipo de filtraciones, que sin embargo se produjeron, como la desaparición de pruebas, autos  y otros documentos o la filtración de algunas detenciones, en una fase más avanzada de la operación, cuando ya se habían realizado las primeras detenciones y registros.

En la operación se asumieron todas estas medidas de seguridad por el conocimiento de fallos en la gestión de Atlante y para que personas no autorizadas no pudieran acceder a la causa. En su denuncia por la sustracción de documentos del caso, el juez Pamparacuatro explica que eso fue una “garantía adicional (...) dado el tipo de delitos objeto de la investigación, circunstancias de arraigo, parentesco y amistad propias de una isla no capitalina que se daba y se da entre el personal y usuarios de la administración de justicia (en sus distintos ámbitos), cuerpos policiales, testigos, peritos e imputados, no debiendo olvidar que se trataba de una plaza donde existía un gran porcentaje de interinidad y por ende el constante nombramiento de funcionarios, jueces, y fiscales sustitutos”.

Hay que recordar que la investigación comenzó con una denuncia por un intento de soborno al entonces secretario general del PSOE, Carlos Espino, para que desbloqueara los problemas urbanísticos de una urbanización de Luis Lleó,  y que se fueron produciendo durante un año encuentros grabados por la UCO entre Espino y el intermediario, Fernando Becerra, pero que el caso se fue complicando por lo que revelaban los pinchazos telefónicos y por otra denuncia sobre comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife que se sumó a la operación.

La UCO dice en su informe que esas medidas especiales se fueron tomando porque entre las personas investigadas se encontraban “autoridades, cargos públicos, funcionarios, empresarios y profesionales muy conocidos en la sociedad lanzaroteña”.

“Esta circunstancia -dice este informe- junto con otras derivadas de la insularidad, llevaron a los responsables de la investigación a adoptar desde el principio y durante todo el desarrollo de la misma, las siguientes medidas de seguridad de carácter extraordinario, encaminadas a garantizar la más absoluta reserva y discreción, y con ello el éxito final de la operación”.

Esas medidas supusieron mantener fuera de la operación a la propia Guardia Civil de Lanzarote, no comunicando a esas unidades el desplazamiento de los agentes de la UCO, no solicitando ningún apoyo de medios materiales a dichas unidades territoriales, incluido el de vehículos camuflados, usando coches de alquiler.

Se tuvo en cuenta el “arraigo, parentesco y amistad propias” entre personal de Justicia, cuerpos policiales “e imputados”

Tampoco pidieron ningún tipo de gestión ni información a la Guardia Civil, ni apoyo durante los registros para los servicios de orden público, utilizando en su lugar a unidades especiales traídas desde la Península (los GRS, que habían llegado para el Ironman).

Además, realizaron los servicios operativos sin portar armas para no revelar su presencia en los controles del aeropuerto y sin identificarse en ningún momento como agentes de policía judicial ante los miembros de los cuerpos de seguridad.

A su vez, tuvieron que alojarse “en lugares discretos” y no visitaban el Palacio de Justicia, manteniendo las reuniones “en lugares apartados y discretos, donde también se llevaba a cabo la recogida y entrega de documentación” y tratando “exclusiva y directamente con el juez y el fiscal, evitando la intermediación con ningún otro funcionario judicial, ni siquiera el secretario del Juzgado, hasta la fecha final de la explotación”.

Tampoco utilizaron el fax para enviar documentación ni las cuentas oficiales de correo electrónico facilitadas por el Gobierno de Canarias y aplazaron cualquier solicitud de información procedente de terceros que pudiera revelar la existencia de una investigación.

En el informe, la UCO hace constar que “dichas medidas se han adoptado en base a un principio general de prevención sin que en modo alguno ello implique desconfianza al respecto de personas o sistemas determinados ni mucho menos la existencia de indicios o sospechas concretas de comportamientos delictivos”.