El informe del director insular del Territorio, Miguel Ángel Santana, sobre la modificación puntual del Plan de La Geria concluye que el cauce oportuno para presentar alegaciones sobre el documento relativas “al acierto, conveniencia, legalidad u oportunidad del instrumento de ordenación” será el periodo de información pública, cuando se someterá a su consideración técnica y jurídica.

Este informe ha sido entregado a los grupos de la oposición este mismo miércoles por la mañana y no ha pasado por la comisión informativa de Política Territorial, a pesar de que este jueves se eleva a pleno su aprobación.

La modificación del Plan de La Geria ya se ha llevado a pleno en varias ocasiones. La última vez se dejó sobre la mesa el mes pasado porque el presidente Pedro San Ginés no tenía mayoría y porque el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del vino había solicitado que se modificasen algunos artículos, para dar cabida en ese Plan a las instalaciones.

Así pues, el Cabildo, en caso de aprobar de forma inicial la modificación del Plan de La Geria, lo haría sin la propuesta del Consejo Regulador. Esa propuesta tiene que ver con la rasante y la altura máxima.

El sector pedía que se tomara como referencia la “rasante natural del terreno o del terreno modificado, tomada en la perpendicular de la fachada en cada una de la edificaciones que conforman el conjunto de la unidad económica de producción y se pedía que al altura de las bodegas fuera de dos plantas o de 7,5 metros y que fuera considerada como la distancia entre la rasante hasta la cara interior del último forjado.

Desde la oposición apuntan que carece de sentido modificar el Plan de La Geria sin recoger las demandas del sector

Desde el PIL apuntan que no tiene sentido aprobar una modificación reclamada por las bodegas si no se incluyen las demandas que pide el sector y señalan que hay bodegueros que han mostrado su disconformidad con la propuesta del Consejo regulador porque no soluciona los problemas de todas las instalaciones.

Desde la oposición en el Cabildo también señalan que se trata de un informe procedimental y no jurídico y mantienen dudas de que el director insular del Territorio pueda informar sobre este asunto ya que no es funcionario público de la Corporación insular.