Después de cuatro años de proceso concursal en Inalsa, con una privatización del agua para los próximos 30 años en medio, llegó la firma del convenio entre la empresa y los acreedores, por la que estos renunciaban a una quinta parte de la deuda a cambio de cobrar en cinco años del dinero que aporte el Canal de Isabel II por quedarse con el servicio. La firma estaba avalada por el juez de lo mercantil así que todo había acabado. “The end”. Y sin embargo, uno de los principales acreedores, FCC, acude al Cabildo para que se le entregue el certificado de su deuda, y no se le entrega.

De repente nadie entiende nada y lo que había terminado no ha acabado. Que nadie se mueva de la butaca. Para ayudar al desconcierto, empiezan a circular informaciones que rápidamente interpretan que la consecuencia más clara y directa es que se podría continuar con la pieza de responsabilidad patrimonial de los antiguos administradores de Inalsa (políticos de CC, PSOE y PIL), y el Consorcio alienta esa teoría.

“Algo muy poco probable -dice una fuente que ha participado en todo el proceso concursal-, a no ser que los responsables del Consorcio se quiera pegar un tiro en el pie”. Lo que ha ocurrido es algo habitual en los concursos, y sus consecuencias probablemente sean muy poco relevantes. La nueva ley concursal permite alcanzar un convenio sin que se hayan cerrado todos los incidentes concursales, para agilizar el proceso. En este caso quedan dos y los dos afectan a FCC: la validez o no del contrato de Janubio y la anulación del contrato de Aguas Filtradas, que estaba vigente hasta 2021, pero lo que frena el pago de la deuda, según las fuentes consultadas, es el segundo, no el primero, aunque el Consorcio sostiene que son ambos.

El Juzgado de lo mercantil ya se pronunció a favor de que la deuda que emanó del laudo de Janubio (una indemnización de 12 millones por incumplir el contrato para construir y explotar la planta desaladora del Sur) se contabilizase como tal. Lo que se dirime en un Juzgado de lo contencioso actualmente es si el contrato entre FCC e Inalsa es nulo. Si fuera así, la empresa debería devolver gran parte del dinero, pero eso no frena el pago ahora ya que la deuda está reconocida. Por otra parte, las posibilidades de que gane Inalsa son escasas, puesto que su consejo de administración avaló ese contrato que ahora, años después, quiere anular.

Lo que sí frena el pago a FCC es la anulación de la prórroga del contrato con Aguas Filtradas, que se firmó en  febrero de 2009 por 12 años y no se ha cumplido. FCC pide una indemnización y el primer fallo judicial ha sido favorable al Consorcio del agua. Sobre este caso sí deberá pronunciarse el juez de lo mercantil que ha llevado el concurso, y por esta diferencia no se certifica la deuda a FCC.

Ahora bien, ¿qué ocurriría si el Consorcio fuerza la situación e incumple el convenio? Se reabriría el proceso concursal y se liquidaría Inalsa. Lo que no está claro es si los anteriores administradores tienen ya alguna responsabilidad, puesto que la deuda reflejada en el convenio es una nueva deuda, un nuevo compromiso que ha absorbido la deuda anterior. Es muy probable que en caso de incumplimiento del convenio los que debieran responder por ello (por toda la deuda, sin la quita del 21 por ciento) fueran los actuales miembros del Consorcio del agua, presidido por Pedro San Ginés.

Es difícil entender que de este incidente concursal se haya puesto el foco en una posibilidad tan remota como que los antiguos administradores de Inalsa vean de nuevo su patrimonio en riesgo. Sin embargo, si la escena se completa con que esas personas supuestamente amenazadas son, entre otros, Sergio Machín, José Torres Stinga, Inés Rojas o Mario Pérez, compañeros de partido pero responsables, en mayor o menor medida, de la situación de minoría que sufre ahora San Ginés en el Cabildo, la película se entiende mucho mejor.

Otros 11 millones de pérdidas desde 2009

Inalsa entró en concurso de acreedores a mediados del año 2009 con unas deudas de unos 38 millones de euros que luego han subido hasta 56. Según las cuentas de la empresa, en los años 2010, 2011 y 2012, en los que permaneció por entero bajo el control de los administradores concursales, se acumularon 11,4 millones de euros de deuda más: 4,7 en el año 2010, 3,4 en 2011 y 3,3 el año pasado.

Durante ese periodo no se han atajado las pérdidas y el precio del agua, a pesar de las subidas, ha seguido sin cubrir el coste de la producción y distribución. Tampoco sirvió para evitar los números rojos el ERE a la plantilla. A principios de 2012, el presidente del Cabildo dijo que Inalsa “en breve” daría pingües beneficios, pero ese año dio más de tres millones de pérdidas.