Arrecife tiene un grave problema económico. Uno por encima del resto. Debe hacer frente al pago de 20 millones más los intereses, que se han convertido en 31, por la expropiación fallida de la parcela frente al antiguo bar Ginory en la ribera del Charco de San Ginés.

El solar, que es un enorme aparcamiento, albergó en su momento la Fábrica de Las Nieves y fue adquirido por una empresa, Litos Canarios, que hizo varias promociones inmobiliarias en Canarias en los años setenta y que nunca desarrolló ningún proyecto en Arrecife.

El Juzgado acaba de dar por bueno el segundo plan de pago presentado por el Ayuntamiento. El primero se había desestimado, tanto por los propietarios del suelo como por el propio Juzgado, porque el pago se alargaba hasta 2036.

El nuevo plan prevé finalizar el pago cuatro años antes de esa fecha, pero el Ayuntamiento asegura que, de manera previsible, se liquidará en 2021 con una operación de crédito “para ahorrar en intereses”.

El Juzgado reconoce “el trastorno grave” que supondrá para la hacienda municipal la ejecución de la sentencia y su “cumplimiento inmediato y completo”. Ese trastorno grave se podía haber evitado en varias ocasiones a lo largo de los años.

La primera ocasión es en 2011, pero la historia se remonta a unos cuantos años antes, al Plan General de 1994, que califica ese suelo como urbanizable: los propietarios van a los tribunales porque consideran que es urbano y ganan.

En ejecución de sentencia se opta por la expropiación. El Jurado provincial de expropiación hace dos tasaciones, pero la válida es la segunda. El Ayuntamiento, con Cándido Reguera como alcalde y Pedro de Armas como concejal de Urbanismo, por motivos que nunca han sido aclarados, no recurre la tasación.

Lo que sí hace es una defensa errática e ineficaz, que se encarga, como se había encargado antes el pleito por el suelo, al exsecretario municipal, Felipe Fernández Camero, que presenta incidentes de ejecución, pero no discute en ningún momento el título de propiedad ni las dimensiones reales de la parcela.

De hecho, el Juzgado llega a decir que la defensa del Ayuntamiento se ha dedicado a plantear cuestiones de forma indebida que debieron quedar excluidas del debate porque ya existía un acto firme.

Ante la inacción del Ayuntamiento frente al pago durante todos estos años, la propiedad del suelo presenta dos pleitos, uno contra esa inacción que se sigue contratando a Camero y otro pidiendo el bloqueo de los presupuestos y el embargo porque no se había contemplado el pago en esos presupuestos.

Es en ese pleito donde el Ayuntamiento, con otro abogado, logra demostrar que casi un tercio del suelo es de dominio público, ganado al mar y, por tanto, sin propietario, y que la parcela es fruto de la unión de dos que no eran colindantes.

Ahora, según fuentes jurídicas, había aún otra oportunidad de esquivar el pago o parte de él. Para hacer efectiva la ejecución del pago y que la parcela, por tanto, pase a formar parte del patrimonio municipal, el Ayuntamiento debía haber exigido a los propietarios una certificación registral que garantice que aquello que está adquiriendo el Ayuntamiento es lo que le corresponde, que no tiene hipotecas y que no hay otro particular que asegure ser su propietario.

Pero ni el Ayuntamiento lo pidió ni lo han aportado los propietarios y, en caso de que hubiera algún problema con el título, como parece probable, se podría abrir otro incidente de ejecución.

Si el Ayuntamiento hubiera hecho valer el informe sobre la propiedad de la parcela y su posible situación en dominio público, hubiera complicado (o facilitado) la labor del Registro. Pero no se ha hecho y, ahora, una vez aprobado el plan de pagos, el suelo ya es municipal y los problemas no sólo van a ser económicos.

Arrecife hace una defensa errática e ineficaz, que se encarga, como se había encargado antes el pleito por el suelo, al exsecretario municipal, Fernández Camero

Como se acaba de instar que se elabore el deslinde marítimo terrestre de esa zona, Costas deberá determinar si parte de ese suelo está, como parece, en dominio público marítimo terrestre.

Si el resultado fuera así, hubiera sido beneficioso para las arcas municipales (ya que el valor del suelo sería mucho menor) siempre y cuando el suelo siguiera perteneciendo a los herederos de Aurora Fuster, pero el deslinde se va a culminar con el Ayuntamiento como propietario, así que si la parte urbana es menor, el Ayuntamiento habrá perdido dos veces: con el pago del terreno como urbano y con la imposibilidad de dotarle de edificabilidad para recuperar parte del dinero.

Si no se hubiera aprobado el plan de pago aún se tendría una posibilidad, aunque es cierto que también tenía riesgos, ya que si ese proceso hubiera culminado de forma desfavorable al Ayuntamiento, los intereses a pagar serían mucho mayores. 

Aún hay una tercera derrota para las arcas municipales. Después de perder todos los pleitos y de ser contratado por el Ayuntamiento incluso después de su detención en el caso Jable en 2010, el exsecretario Fernández Camero solicita por sus servicios 277.523 euros.

Lo insólito del asunto es que el Ayuntamiento sostiene que Camero fue contratado por esos pleitos por un contrato menor, por menos de 18.000 euros, así que no podría reclamar cantidad alguna.

Lo que hizo el abogado, al que el propio Ayuntamiento le pide 16 años de cárcel como acusación particular en el caso Jable, fue presentar la factura directamente ante el Juzgado, un procedimiento reservado a aquellas ocasiones en que no hay acuerdo en los honorarios.

En la sesión de la Junta de Gobierno de 12 de junio, la exalcaldesa Eva de Anta revelaba que no tenía conocimiento de ese requerimiento, que se hizo firme, y pedía un  informe de Secretaría y otro de Intervención, que no consta que se hayan hecho.

El nuevo grupo de gobierno ha anunciado que de momento no va a pagar porque no tiene una partida reservada para ese fin, pero, ante la posible firmeza de esa factura, tampoco ha anunciado una investigación interna para desvelar de quién fue la responsabilidad de no advertir a la alcaldía sobre esa factura.

Lo que sí ha hecho es encargar a Elena Martín, que era la responsable del servicio jurídico, la defensa del Ayuntamiento en este asunto.