Los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de La Oliva han acordado este lunes durante un encuentro con el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, convocar un pleno para este viernes, día 8, en el que se elegirá al alcalde que sustituirá a Domingo González Arroyo.

Hernández Bento ha viajado a Fuerteventura para informar a los portavoces de los grupos políticos de los pasos a seguir para nombrar a un nuevo alcalde después de que el pasado 30 de diciembre la Policía Local notificara una orden de desalojo a Domingo González Arroyo y este tuviera que abandonar el Consistorio al no poder seguir como regidor por estar inhabilitado.

El delegado del Gobierno ha resaltado el "buen clima" de la reunión y ha anunciado que se convocará un pleno para dar posesión del acta al nuevo concejal del PP Majo, Rafael Benítez, cuya credencial de la Junta Electoral Central llegó al Ayuntamiento de La Oliva el pasado 17 de diciembre, así como nombrar al nuevo alcalde.

El pasado 28 de diciembre, González Arroyo convocó un pleno extraordinario y urgente al que acudieron los concejales de CC, NC y PP Majo con la intención de sacar adelante unas subvenciones por valor de 3,2 millones de euros que, de no aprobarse antes de finalizar el año, podrían perderse.

Finalmente, el pleno fue considerado "nulo" estar presidido por un alcalde al que la Junta Electoral Central ha retirado los cargos públicos después de que una sentencia de junio de este año lo inhabilite durante nueve años por un delito de prevaricación.

Hernández Bento ha aclarado que, por un lado, está la legalidad de un pleno "donde la persona que lo preside no es alcalde en ese momento" y, por otro, se trata de "salvaguardar los derechos de los ciudadanos de La Oliva".

En ese sentido, ha señalado que hay que analizar aquellos actos que están "viciados" y ha explicado la posibilidad jurídica de conservar aquellos que "puedan ser beneficiosos para los ciudadanos desde el punto de vista económico y financiero" siempre que "los miembros del pleno así lo decidan y se puedan conservar".

El delegado también ha aclarado que la actitud de los funcionarios que a lo largo de estas semanas han estado obstaculizando la celebración de un pleno para nombrar nuevo alcalde u oponiéndose a remitir el acta del último pleno es "constitutiva de algún tipo de infracción e ilícito en el ámbito penal".

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