Todos los grupos del Parlamento de Canarias han coincidido este martes con la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, en la necesidad de acometer una ley reguladora del alquiler vacacional y han expresado la importancia de conciliar todos los intereses y de escucha a todas la partes implicadas.

El derecho a la vivienda, la sostenibilidad, el urbanismo, la calidad de vida, el empleo, la protección de los consumidores o el turismo son aspectos que habrá que conciliar en esta normativa, ha expuesto De León en una comparecencia ante el pleno del Parlamento, en la que ha expresado que la normativa vigente está dispersa y obsoleta.

La consejera ha anunciado que este jueves comenzarán las consultas en un primer encuentro con patronales, sindicatos, cabildos y ayuntamientos, paso previo para involucrar a todos los sectores e incorporar a las consultas a todos los sectores implicados, universidades, grupos parlamentarios y consejerías.

"Está en juego nuestra sostenibilidad, el derecho a la vivienda, la protección del entorno, la calidad de vida y el empleo", ha dicho la consejera, y se ha comprometido a lograr un marco legal "muy participado, multidisciplinar y multisectorial".

Canarias es la segunda comunidad con más viviendas en alquiler vacacional, por detrás de Baleares, unas 43.000, lo que supone una oferta de 175.000 camas, el 33,5% de la oferta alojativa de las islas, según datos del INE citados por la consejera.

La regulación vigente data de 2015, un decreto que fue anulado en algunos aspectos por los tribunales y en general la normativa que afecta a este sector tiene entre 8 y 27 años de antigüedad, cuando la explosión de esta modalidad turística es mucho más reciente, ha señalado la consejera.

La regulación no incluye planificación turística ni urbanística ni pone límites cuantitativos, no hay regulación de la calidad ni distinción de categorías ni modalidades, ni siquiera un registro único.

Hay casos "preocupantes", como el de La Oliva, en Fuerteventura, en donde el 30 por ciento de las viviendas del municipio se destinan a alquiler vacacional, ha señalado.

Jéssica de León ha opinado además la Ley de Vivienda estatal "desprotege al propietario y defiende al ocupa", lo que hace que haya menos oferta y se tensione el mercado inmobiliario.

Todos los grupos han estado de acuerdo en la necesidad de una regulación.

Lucía Fuentes, del PSOE, ha considerado que esa regulación debe estar alineada con la estrategia turística de Canarias.

José Manuel Bermúdez, de CC, consideró que la regulación debe ser muy cuidadosa para no perjudicar a ninguna de las partes y dejar un marco claro de actuación a los ayuntamientos.

Carlos Ester, del PP, ha defendido que se aborde la regulación "sin demonizar a nadie", sin dejar a nadie fuera para que todos tengan cabida en ella, que se incorpore a cabildos y ayuntamientos y que se busque "una fiscalidad adecuada".

Natalia Santana, de Nueva Canarias, ha incidido en la necesidad de resolver las distorsiones de esta actividad en el alquiler residencial, la desestructuración social o los problemas de convivencia.

Para Marta Gómez, de Vox, la proliferación del alquiler vacacional dificulta el acceso a la vivienda y por eso es necesario regularlo, aunque "hay que poner en primer lugar el derecho de los propietarios a hacer con sus propiedades lo que quieran".

Jesús Ramos Chinea, de ASG, ha recordado que no todas las islas tienen el mismo modelo turístico, en el caso de las islas verdes es una modalidad muy importante, por lo que ha defendido que la nueva regulación sirva de "paraguas" normativo para que luego los cabildos y ayuntamientos puedan intervenir en la regulación en sus territorios.

Raúl Acosta, de AHI, ha defendido la necesidad de "una normativa clara y eficaz" que permita conciliar los intereses del pequeño inversor con los del sector turístico tradicional y con el derecho a la vivienda.